San Juan, Puerto Rico — En medio del impulso legislativo para reformar el sistema de permisos en la Isla, los municipios han levantado serias preocupaciones sobre los Proyectos del Senado 1173 y 1183, señalando que las medidas, aunque bien intencionadas, podrían agravar problemas estructurales en lugar de resolverlos.
Las advertencias surgen de las ponencias presentadas por la Asociación de Alcaldes, que reconocen la necesidad urgente de modernizar un sistema actualmente caracterizado por su lentitud, fragmentación y excesiva burocracia. Sin embargo, los municipios sostienen que las propuestas legislativas contienen elementos que amenazan la autonomía municipal, el debido proceso y la planificación territorial.
Según los alcaldes, el sistema vigente presenta retrasos significativos, con procesos de permisos que pueden extenderse por más de un año, en un entorno regulatorio compuesto por múltiples agencias y requisitos. Este escenario, indican, afecta directamente la inversión, el desarrollo económico y la capacidad de respuesta a las necesidades locales.
Uno de los principales puntos de controversia es la creación del llamado “Registro de Uso”, un mecanismo propuesto como automático y declarativo. Los municipios advierten que su implementación, sin controles adecuados, podría permitir el inicio de actividades sin una evaluación previa rigurosa, lo que generaría incertidumbre jurídica y posibles conflictos con normas ambientales y de ordenamiento territorial.
Asimismo, cuestionan el uso del criterio de “intensidad de uso” como eje del sistema, al considerar que podría sustituir indebidamente los planes territoriales y abrir la puerta a desarrollos incompatibles con las comunidades.
En el caso del Proyecto del Senado 1183, las críticas son aún más contundentes. Los municipios alegan que, aunque la medida se presenta como una reforma integral para simplificar procesos, en la práctica podría concentrar mayor poder en el gobierno central, particularmente en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, lo que representaría una centralización encubierta.
Otro elemento de preocupación es la ampliación del rol de profesionales privados en la evaluación y adjudicación de permisos. Según los alcaldes, otorgar funciones decisionales a estos actores podría generar conflictos de interés y reducir la fiscalización pública, transformando un proceso de política pública en uno de carácter técnico-privado.
Las ponencias también alertan sobre posibles limitaciones al debido proceso, incluyendo una menor participación ciudadana, reducción de vistas públicas y restricciones al acceso a revisión judicial. En particular, se critica la exclusión de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme en una de las propuestas, lo que, según los municipios, podría debilitar garantías fundamentales.
A pesar de sus objeciones, los municipios no rechazan la reforma en sí. Por el contrario, plantean una serie de enmiendas dirigidas a mejorar las propuestas legislativas. Entre ellas, destacan la necesidad de fortalecer la autonomía municipal, revisar el diseño del “Registro de Uso” para incluir controles efectivos, garantizar el debido proceso, limitar el rol de los profesionales privados a funciones técnicas y proteger la planificación territorial como eje rector del desarrollo.
También abogan por una mayor coordinación entre agencias sin que ello implique una centralización de decisiones, así como por la creación de procesos ágiles a nivel municipal para atender casos que no puedan resolverse de manera automática.
El debate sobre estas medidas refleja una tensión fundamental entre la necesidad de agilizar procesos y la obligación de preservar estructuras democráticas, controles institucionales y la capacidad de los gobiernos locales para gestionar su desarrollo.
Mientras el Senado continúa evaluando ambos proyectos, los municipios insisten en que cualquier reforma debe construirse con su participación activa. La postura es clara: modernizar el sistema de permisos es indispensable, pero no a costa de la autonomía municipal ni de las garantías legales de los ciudadanos.
