La Fortaleza, San Juan, Puerto Rico. La gobernadora Jenniffer González Colón firmó una medida para que las parejas consensuales pueden defender su interés legitimo sobre un hogar común; y vetó un proyecto por atentar contra la estabilidad del sistema de salud. Ley 95-2026 | Proyecto del Senado 50 de la autoria el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador Wilmer Reyes Berrios.
La medida enmienda la Ley de Procedimientos Legales Especiales del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, para disponer que en los casos en que la parte demandada en desahucio reclama la existencia de una comunidad de bienes debido a que realizó aportaciones en beneficio del inmueble compartido, podrá presentar prueba a esos efectos y exigir que el desahucio se dilucide mediante la vía ordinaria.
La medida busca establecer un mecanismo que permita a la parte demandada en un caso de desahucio, especialmente en el contexto de relaciones consensuales o de concubinato, reclamar la existencia de una comunidad de bienes basada en sus aportaciones económicas y labor domestica al inmueble compartido.
La gobernadora vetó el Proyecto del Senado 276 que buscaba enmendar la Ley Núm. 4-1935″Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, para hacer disponible las facilidades del Hospital Industrial de Puerto Rico a todos los pacientes que requieran servicios médico-hospitalarios.
La expansión de servicios del Hospital Industrial más allá de la Unidad de Quemados y los Servicios de Rehabilitacion requeriria reclutar un contingente de especialistas médicos que el Hospital Industrial no posee en este momento. El personal con la capacidad de tratar pacientes lesionados críticos y de alta complejidad pertenece mayoritariamente al cuerpo clínico-académico del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (RCM/UPR), cuyos programas de residencia están sujetos a regulaciones de acreditacion que limitan el volumen de pacientes que pueden atender.
Una expansión no planificada podría comprometer la acreditación de dichos programas, con consecuencias graves para la formación medica en Puerto Rico.
