SAN JUAN, Puerto Rico – La prioridad del recurso presentado por LUMA Energy ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico no es defender el contrato en esta etapa, sino advertir sobre las consecuencias que, según la empresa, tendría para Puerto Rico una cancelación acelerada sin que antes se desarrolle un proceso judicial completo.
En la introducción de su oposición al recurso de certificación, LUMA sostiene que el país podría enfrentar una combinación de costos económicos, operacionales y legales si el Tribunal Supremo interviene de forma extraordinaria antes de que el Tribunal de Primera Instancia reciba la prueba correspondiente. La empresa argumenta que el impacto iría mucho más allá de una controversia contractual.
Entre las consecuencias que expone, LUMA señala que la terminación del contrato implicaría un pago por terminación de aproximadamente $143.3 millones, cerca de $324 millones en obligaciones pendientes, alrededor de $12 millones mensuales durante el proceso de transición, la necesidad de identificar aproximadamente $735.9 millones para sostener las operaciones del sistema eléctrico y una posible reclamación por daños que, según sus alegaciones, podría superar los $4,500 millones. Todas estas cifras forman parte de los planteamientos presentados por la empresa y aún no han sido adjudicadas por los tribunales.
Además del aspecto económico, LUMA sostiene que el Gobierno no ha identificado un operador que pueda asumir inmediatamente la administración del sistema eléctrico, lo que, según la empresa, añade incertidumbre sobre la continuidad operacional y el manejo de una eventual transición.
Por esa razón, la empresa insiste en que antes de adoptar cualquier determinación definitiva deben examinarse documentos, escucharse testigos y desarrollarse un expediente probatorio completo que permita conocer cómo se aprobó la extensión del contrato y cuáles fueron las actuaciones de todas las partes involucradas.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo aún no ha decidido si asumirá el caso directamente. El alto foro concedió un término al Gobierno, a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica para expresar sus posiciones antes de resolver si procede la certificación solicitada por LUMA.
Para la empresa, el asunto trasciende la controversia jurídica. Su planteamiento es que una decisión acelerada, sin el desarrollo completo de la prueba, podría tener consecuencias económicas y operacionales de gran magnitud para Puerto Rico, por lo que solicita que el caso siga el curso ordinario del proceso judicial antes de que se emita una determinación definitiva.
