SAN JUAN — La controversia por el contrato de Power Expectations abrió este jueves un nuevo frente para el zar de Energía, Josué Colón, luego de que un intercambio con el representante Ángel Fourquet terminara desplazándose de las preguntas sobre el proceso contractual hacia un ataque político contra el legislador.
“Y por eso está en minoría”, respondió Colón a Fourquet durante una vista pública de la Cámara de Representantes en la que se examina su actuación y la de otras estructuras gubernamentales en torno al fallido contrato de generación temporera.
La expresión resulta particularmente seria por el escenario en que se produjo.
Fourquet no estaba participando de un debate partidista. Como representante electo por el Distrito 24 de Ponce, intervenía en un proceso de fiscalización legislativa sobre un contrato que podía alcanzar aproximadamente $5,900 millones y que terminó cancelado luego de que la Junta de Supervisión Fiscal retirara su aprobación.
La condición de legislador de minoría no disminuye sus facultades fiscalizadoras ni convierte las preguntas dirigidas a un funcionario público en ataques políticos. La Asamblea Legislativa tiene facultades investigativas como parte de su función constitucional, y sus miembros cuentan además con las protecciones que el ordenamiento reconoce al ejercicio de la función legislativa.
El episodio adquiere mayor peso porque Colón enfrenta preguntas que todavía reclaman explicaciones claras.
Durante las vistas trascendió que el zar de Energía fue entrevistado por el FBI y por el Departamento de Justicia en relación con el proceso de Power Expectations. Ese hecho, por sí solo, no implica conducta criminal alguna de su parte, pero demuestra la seriedad que ha adquirido la investigación sobre el contrato.
También ha quedado bajo escrutinio la información que llegó a manos de Colón antes de que el acuerdo fuera formalizado.
Según ha reconocido el propio funcionario, recibió comunicaciones los días 8 y 9 de junio relacionadas con Enchanted Rock y, el 10 de junio —el mismo día en que se firmó el contrato— recibió un correo que planteaba que esa compañía había sido incluida erróneamente como parte del grupo contratado.
El contrato fue firmado horas después.
Ese punto es fundamental porque Enchanted Rock no era un participante secundario. Su experiencia y capacidad habían resultado importantes para que el grupo pudiera cualificar para un proyecto de semejante magnitud. Posteriormente, la compañía negó haber autorizado su participación y cuestionó la utilización de su nombre en el acuerdo.
La controversia se agravó con otros elementos del expediente, entre ellos la firma atribuida a un supuesto representante de Enchanted Rock, la sustitución posterior de esa empresa por Flotek Industries y la falta de entrega de una garantía de cumplimiento que rondaba los $1,180 millones.
Finalmente, la Junta Fiscal retiró su aprobación y ordenó terminar el contrato.
Es en ese contexto que las respuestas de Colón adquieren una dimensión que va más allá de un intercambio acalorado con un legislador.
La pregunta que enfrenta el zar de Energía no es si Fourquet pertenece al PPD, ni si ese partido ocupa la mayoría o la minoría en la Cámara. Lo que está bajo examen es qué información conocían los funcionarios responsables del proceso, cuándo la conocieron, qué hicieron con ella y por qué un contrato multimillonario continuó avanzando mientras surgían cuestionamientos sobre uno de los componentes fundamentales del consorcio seleccionado.
Responder a una pregunta de fiscalización con una referencia a la condición política del legislador no despeja ninguna de esas interrogantes.
Por el contrario, profundiza un problema que comienza a ser tan importante como el propio contrato: la credibilidad de quien ocupa una de las posiciones de mayor responsabilidad sobre el futuro energético de Puerto Rico.
Josué Colón tiene derecho a defender cada una de sus actuaciones y a rechazar cualquier imputación que considere incorrecta. Pero también tiene la obligación pública de contestar con precisión los cuestionamientos legítimos de una Cámara que investiga cómo un contrato de miles de millones de dólares llegó tan lejos antes de terminar desautorizado.
Power Expectations ya no es únicamente una controversia contractual.
Se ha convertido en una prueba de transparencia y rendición de cuentas para quienes participaron del proceso.
Y frente a preguntas de esa magnitud, estar en mayoría o en minoría es irrelevante. Lo que importa son las respuestas.
