SAN JUAN — El P. de la C. 1195, presentado como una medida para fortalecer la protección y orientación de los consumidores de seguros, enfrenta preocupación dentro de sectores de la industria que advierten que su aplicación podría terminar creando nuevas ineficiencias, confusión y responsabilidades para productores y representantes autorizados.
La controversia no gira alrededor de si el consumidor debe recibir información clara antes de adquirir o modificar una póliza. En eso existe coincidencia.
El problema está en cómo la legislación pretende conseguirlo.
Un memorial preparado para solicitar el veto reclama a la gobernadora Jenniffer González que no firme el P. de la C. 1195. El documento sostiene que el proyecto distribuye incorrectamente responsabilidades entre aseguradores e intermediarios, impone al productor deberes sobre información que no crea ni controla y genera problemas adicionales con la divulgación de las comisiones.
La preocupación cobra mayor relevancia porque el propio Código de Seguros ya reconoce el derecho del consumidor a recibir orientación clara y completa sobre su cubierta y establece obligaciones para los profesionales que intervienen en la venta de seguros.
Para los sectores que cuestionan el proyecto, por tanto, el problema no es la ausencia de protección al consumidor. Es que se pretende añadir un nuevo régimen de obligaciones sobre otro que ya existe.
Responsabilidades sobre información que otro controla
Uno de los señalamientos principales está relacionado con la función real del productor.
El productor orienta y gestiona la cubierta, pero no es quien redacta la póliza, determina las tarifas, establece la solvencia de una compañía o produce toda la información financiera y actuarial del asegurador.
El memorial advierte que el P. de la C. 1195 coloca sobre ese intermediario la responsabilidad de comunicar, explicar y documentar información que en muchos casos recibe de la propia aseguradora y que no puede verificar independientemente.
El resultado, según el planteamiento, puede ser mayor exposición para el productor sin que necesariamente mejore la información que recibe el consumidor.
Las preocupaciones tampoco comenzaron con la solicitud de veto.
Durante el proceso legislativo, organizaciones de la industria presentaron múltiples observaciones y propuestas de cambios. El propio informe positivo del Senado recoge planteamientos de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico y de Professional Insurance Agents de Puerto Rico y el Caribe, mientras la Oficina del Comisionado de Seguros respaldó el propósito de fortalecer la orientación al consumidor.
El Senado incorporó varias modificaciones. Sin embargo, el memorial sostiene que permanecen problemas fundamentales que justifican que la Gobernadora no convierta la medida en ley.
El problema de las comisiones
Uno de los puntos más sensitivos está relacionado con la divulgación de las comisiones.
El memorial plantea que el productor no determina unilateralmente cuánto recibirá de comisión. Esa remuneración surge de la relación contractual con la aseguradora y está sujeta al marco regulatorio correspondiente.
El proyecto, sin embargo, requiere divulgar la comisión mientras existen restricciones para reducirla, cederla o compartirla como mecanismo para alterar la prima.
Ahí surge una de las contradicciones señaladas por quienes solicitan el veto.
Informarle al consumidor una cifra puede generar la impresión de que se trata de un margen negociable controlado por el productor, cuando este no necesariamente tiene autoridad para modificarlo.
El memorial advierte que, lejos de producir mayor transparencia, el resultado puede ser confusión entre dos conceptos distintos: la compensación que la aseguradora reconoce a su canal de distribución y la prima que finalmente cotiza al consumidor.
Más trámites pueden significar menos eficiencia
También existe preocupación por el volumen de documentación y procesos adicionales.
Comparaciones de cubiertas, confirmaciones, divulgaciones y nuevas obligaciones de orientación pueden aumentar el tiempo necesario para completar determinadas transacciones.
El memorial advierte que ese impacto podría sentirse particularmente entre productores pequeños y medianos y traducirse en procesos más lentos para el consumidor.
Ese es precisamente uno de los argumentos centrales detrás de la petición de veto: proteger al consumidor no necesariamente requiere multiplicar documentos y responsabilidades.
La alternativa planteada es establecer claramente qué información corresponde producir y certificar a la aseguradora, qué debe explicar el productor y cuáles mecanismos debe fiscalizar la Oficina del Comisionado de Seguros.
También se propone establecer formularios uniformes y protecciones para aquellos profesionales que actúen de buena fe utilizando información y documentos oficiales.
El reclamo ahora es el veto
El P. de la C. 1195 ya pasó por el proceso legislativo y recibió un informe positivo en el Senado.
Ahora la discusión se traslada a La Fortaleza.
Quienes han levantado estas preocupaciones reclaman que la gobernadora Jenniffer González vete la medida ante el señalamiento de que puede terminar duplicando obligaciones existentes, creando nuevas ineficiencias y trasladando a productores y representantes autorizados responsabilidades sobre información que no controlan.
El argumento que colocan ante la Gobernadora es sencillo: proteger al consumidor es necesario, pero una legislación diseñada para hacerlo no debe terminar complicando el proceso de obtener un seguro ni creando un problema nuevo para intentar resolver uno que el propio Código ya atiende.
