Documentos obtenidos por Breaking News revelan que el zar de Energía consultó si podía ocupar un puesto en LUMA apenas seis días después de afirmar que la extensión contractual se aprobaba conforme a las leyes vigentes.
Documentos oficiales de la Oficina de Ética Gubernamental obtenidos por Breaking News revelan que Josué Colón Ortiz aspiró a dirigir u ocupar un puesto en LUMA Energy apenas seis días después de participar en la reunión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica en la que defendió la autoridad legal para extender el contrato de la compañía.
La revelación añade un nuevo elemento al debate sobre la consistencia de las posiciones asumidas por Colón respecto al contrato de LUMA. El funcionario, quien actualmente dirige la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y se desempeña como zar de Energía, forma parte del esfuerzo judicial del Gobierno para que aquella extensión sea declarada ilegal y nula.
Los documentos examinados por Breaking News demuestran que, inmediatamente después de aprobarse la extensión, Colón acudió a la Oficina de Ética para conocer si podía pasar a dirigir o trabajar para LUMA.
SEIS DÍAS DESPUÉS
El 30 de noviembre de 2022, la Junta de Gobierno de la AEE consideró y aprobó la extensión del acuerdo suplementario que permitió la continuidad de LUMA como operador del sistema de transmisión y distribución eléctrica.
Durante la reunión, Colón, quien entonces era director ejecutivo de la AEE, intervino para dejar establecido en el récord que la Junta actuaba conforme a las leyes vigentes.
La expresión de Colón también aparece recogida en el expediente de la controversia que actualmente se encuentra ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Según el récord judicial, el funcionario afirmó que se actuaba “conforme a las leyes que fueron aprobadas por otras administraciones y que están en vigor”.
El 6 de diciembre de 2022, apenas seis días después de aquella reunión, Colón remitió una comunicación a la Oficina de Ética para preguntar si existía algún impedimento para que pudiera “dirigir u ocupar algún puesto directivo en LUMA Energy”.
La Oficina de Ética recibió la consulta el 7 de diciembre y solicitó información adicional, que fue entregada por Colón el 13 de diciembre.
ÉTICA LE CERRÓ LA PUERTA
En una determinación emitida el 10 de enero de 2023, la Oficina de Ética concluyó que Colón no podía ocupar un puesto directivo ni ningún otro cargo en LUMA durante los dos años siguientes a su salida de la AEE.
La agencia fundamentó su decisión en la posición que ocupaba Colón, su acceso a información confidencial y privilegiada y su interacción continua con LUMA como parte de las obligaciones contractuales de la AEE.
“Al ostentar el puesto de mayor jerarquía en la AEE, usted tiene, sin duda alguna, acceso de forma ilimitada a información confidencial y privilegiada de la agencia que dirige”, señala la determinación.
Ética añadió que Colón mantenía una relación continua con LUMA y que, aunque no había suscrito el contrato original, estaba obligado a facilitar su cumplimiento por razón del cargo que ocupaba.
La agencia concluyó que asumir una posición en LUMA lo obligaría a intervenir en asuntos y acciones oficiales en los que había participado como director ejecutivo de la AEE.
COLÓN INSISTIÓ
El asunto no terminó con aquella determinación.
El 23 de junio de 2023, Colón presentó una segunda consulta ante la Oficina de Ética para preguntar nuevamente si podía ocupar un puesto en LUMA. En esa ocasión también incluyó la posibilidad de trabajar para Genera PR.
La segunda determinación de Ética, emitida el 21 de julio de 2023, consigna expresamente que Colón estaba en desacuerdo con la respuesta inicial y que presentó nuevamente su posición con el propósito de que la agencia reconsiderara su determinación.
En cuanto a LUMA, Ética reiteró que, como director ejecutivo de la AEE, Colón tenía la responsabilidad continua de facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la corporación pública.
Entre esas obligaciones, la agencia identificó el pago de cantidades adeudadas a LUMA, la auditoría del cumplimiento con los requisitos relacionados con fondos federales y el acceso del operador privado a los sistemas de transmisión y distribución.
La Oficina de Ética determinó que Colón ejercía acciones oficiales relacionadas con LUMA de manera constante y mantuvo restricciones sobre la posibilidad de que pasara a trabajar para la compañía después de abandonar la AEE.
DE ASPIRAR A DIRIGIR LUMA A IMPUGNAR LA EXTENSIÓN
Los documentos adquieren mayor relevancia ante la posición que Colón sostiene actualmente desde la dirección de la AAPP.
El Gobierno procura que los tribunales declaren ilegal y nula la extensión aprobada el 30 de noviembre de 2022. Entre sus argumentos, sostiene que el mecanismo utilizado no cumplió con los requisitos legales necesarios para extender el acuerdo suplementario.
La postura actual contrasta con la participación de Colón durante la reunión en la que se aprobó la extensión, cuando afirmó que la Junta actuaba conforme a las leyes vigentes.
La posición que hoy sostiene Colón se produjo después de que la Oficina de Ética le impidiera ocupar una posición en LUMA. El récord demuestra que, cuando contemplaba dirigir o trabajar para la compañía, defendía la legalidad de la extensión contractual que ahora procura invalidar.
Los documentos no explican qué provocó su interés en trabajar para LUMA ni las razones por las que volvió a presentar la consulta en junio de 2023. Esos asuntos deberán ser explicados por el funcionario.
Lo que sí establece el récord documental es una secuencia que hasta ahora no había trascendido públicamente: Colón defendió la autoridad legal para aprobar la extensión; seis días después consultó si podía dirigir o trabajar para LUMA; y, tras recibir una determinación adversa, insistió meses más tarde ante la Oficina de Ética.
Hoy, desde la dirección de la AAPP, sostiene una posición jurídica contraria sobre la validez de aquella extensión.
Los documentos añaden así un nuevo elemento al problema de credibilidad que enfrenta Josué Colón ante la opinión pública y la Asamblea Legislativa. La diferencia entre sus expresiones de 2022, sus gestiones ante la Oficina de Ética y la postura que sostiene actualmente requiere una explicación clara del funcionario.
En una controversia que puede determinar el futuro de la operación del sistema eléctrico y exponer al Gobierno a reclamaciones multimillonarias, la consistencia de quienes participaron en las decisiones originales constituye un asunto de alto interés público.
