SAN JUAN — El Gobierno de Puerto Rico llevó ante el Tribunal Supremo su reclamo para anular la extensión del contrato de LUMA sin incluir dos documentos que conocía desde 2022 y que respaldaban la legalidad del procedimiento utilizado para aprobarla, según una nueva moción presentada por la compañía.
Los documentos, obtenidos por Breaking News PR, incluyen una opinión de los abogados externos de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y un memorando preparado por la propia gerencia de la AAPP. Ambos fueron considerados por su Junta de Directores antes de aprobar la extensión del Acuerdo Suplementario de LUMA el 30 de noviembre de 2022.
LUMA sostiene que el Gobierno, la AAPP y la Autoridad de Energía Eléctrica omitieron presentar esos documentos cuando solicitaron al Tribunal Supremo que declarara ilegal y nula la extensión.
La controversia coloca al máximo foro judicial ante versiones incompletas y contradictorias de un mismo proceso. Mientras el Gobierno argumenta actualmente que la extensión incumplió requisitos legales indispensables, la documentación contemporánea demuestra que la AAPP examinó esos mismos requisitos antes de votar y recibió asesoramiento jurídico que respaldaba el procedimiento.
Una opinión legal que respaldó la votación
La opinión legal fue preparada por el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez y entregada a la AAPP el 28 de noviembre de 2022, dos días antes de la aprobación de la extensión.
Los abogados concluyeron que extender el periodo interino no constituía la aprobación de un nuevo contrato de alianza bajo la Ley 29 de 2009. También determinaron que no aplicaba el requisito especial de votación establecido en la Ley 120 de 2018 y que la aprobación podía realizarse mediante una mayoría simple de la Junta de Directores.
Ese análisis contradice directamente uno de los argumentos centrales que el propio Gobierno utiliza ahora para solicitar la nulidad. La administración sostiene que la extensión necesitaba el voto afirmativo de los representantes del interés público, quienes se abstuvieron durante la reunión.
Sin embargo, la opinión solicitada por la propia AAPP concluyó que esos votos no eran necesarios porque no se estaba aprobando un nuevo contrato, sino ejerciendo una facultad que ya formaba parte del acuerdo original.
La extensión fue aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones.
Las advertencias económicas antes de votar
El segundo documento es un memorando de la gerencia de la AAPP sobre las consecuencias de no extender el periodo interino.
El análisis advertía que permitir la terminación del acuerdo activaría un pago de aproximadamente $121.8 millones a LUMA, provocaría una transición operacional de hasta doce meses y obligaría a comenzar un nuevo proceso competitivo para seleccionar otro operador.
La AAPP también advirtió sobre posibles consecuencias para el proceso de quiebra de la AEE, los fondos federales destinados a la reconstrucción de la red eléctrica, los procedimientos ante el Negociado de Energía y la estabilidad operacional del sistema.
Es decir, la Junta de la AAPP no aprobó la extensión a ciegas. Lo hizo después de recibir un análisis legal que respaldaba el procedimiento y un informe interno que detallaba los costos y riesgos de permitir que terminara el acuerdo.
LUMA denuncia una omisión ante el Supremo
Los dos documentos aparecen mencionados expresamente en la minuta oficial de la reunión en la que la AAPP aprobó la extensión. A pesar de ello, LUMA sostiene que las entidades gubernamentales no los incluyeron en los expedientes judiciales utilizados para impugnarla.
La compañía solicitó al Tribunal Supremo que tome conocimiento judicial de ambos documentos y los considere como parte integral de la minuta presentada por la propia AAPP.
Según LUMA, las omisiones impiden que el Tribunal tenga ante sí el cuadro completo de lo ocurrido en noviembre de 2022 y de la información que conocía el Gobierno cuando autorizó la continuidad del acuerdo.
La moción no solamente cuestiona los argumentos legales de la administración. También levanta un serio señalamiento sobre la obligación del Gobierno de presentar completa y correctamente la documentación pertinente cuando solicita al Tribunal Supremo una determinación con consecuencias multimillonarias para el país.
La contradicción de Josué Colón
El expediente vuelve a colocar en el centro de la controversia al director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, Josué Colón.
Colón era director ejecutivo de la AEE cuando su Junta de Gobierno aprobó la extensión el 30 de noviembre de 2022. Participó en la reunión, no se opuso a la medida y manifestó para récord que se estaba actuando conforme a las leyes vigentes.
Ahora dirige la entidad que participa en el pleito para declarar que esa misma extensión era ilegal desde su origen.
LUMA también señala que Colón firmó una declaración jurada certificando como correctas las alegaciones de la demanda de la AAPP y la AEE. Entre esas alegaciones figura que no firmó la extensión porque supuestamente no respaldaba sus términos y entendía que perjudicaban los intereses de Puerto Rico.
Esa versión choca con la grabación de la reunión, en la que Colón respaldó públicamente la legalidad del proceso, y con los documentos que demuestran que la AAPP recibió asesoramiento jurídico favorable antes de aprobarlo.
Impacto estimado en $1,300 millones
Como parte de su alegato, LUMA presentó una declaración jurada de su presidenta, Janisse Quiñones, que estima en aproximadamente $1,300 millones las obligaciones y necesidades económicas inmediatas que podría provocar la terminación.
La cifra incluye $143.3 millones por el cargo contractual de terminación, $235.6 millones por los procesos de salida de LUMA y entrada de un operador sustituto, $347.1 millones en cuentas pendientes con suplidores y $588.3 millones requeridos para financiar las cuentas operacionales.
LUMA sostiene además que una terminación pondría en riesgo $6,177 millones en fondos federales obligados para 279 proyectos del sistema eléctrico. Las cantidades forman parte de los planteamientos y estimados presentados por la compañía y todavía no han sido adjudicadas por el Tribunal Supremo.
Un expediente que cambia el cuadro presentado
La controversia ya no se limita a dos interpretaciones distintas sobre la extensión. Los documentos demuestran que la AAPP conocía los requisitos legales, solicitó asesoramiento especializado, recibió una opinión favorable y votó después de ser advertida sobre las consecuencias de no extender el acuerdo.
Ahora esa misma entidad sostiene ante el Tribunal Supremo que el proceso que aprobó era ilegal, mientras deja fuera del expediente documentos que contradicen su nueva posición.
El Tribunal Supremo tendrá que evaluar la legalidad de la extensión conforme a las leyes y los contratos aplicables. Pero la revelación de estos documentos coloca bajo escrutinio la transparencia con la que el Gobierno presentó el caso y profundiza el problema de credibilidad de Josué Colón, principal funcionario energético de una administración que pretende desconocer las actuaciones, representaciones y evaluaciones jurídicas que el propio Gobierno realizó en 2022.
