Loíza, Puerto Rico. — Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico identificó deficiencias administrativas y fiscales en el Municipio de Loíza, incluyendo pagos de penalidades federales, compras sin las cotizaciones reglamentarias requeridas y fallas en la documentación de desembolsos. Sin embargo, el mismo informe revela una reducción de casi 82 % en el déficit operacional acumulado del ayuntamiento, que pasó de $5.2 millones a $927,379.
El informe OC-27-32, divulgado el 7 de octubre de 2026, examina operaciones municipales correspondientes al período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023 y presenta tres hallazgos y siete comentarios especiales relacionados con controles internos, procedimientos administrativos y cumplimiento de disposiciones fiscales.
Uno de los datos más significativos del documento es la evolución de las finanzas municipales. Según la auditoría, Loíza registraba un déficit acumulado de $5,249,415 durante el año fiscal 2018-2019, cifra que disminuyó a $927,379 para el año fiscal 2023-2024, lo que representa una reducción de $4,322,036.
La Contraloría reconoce que durante varios años fiscales el municipio registró superávits operacionales que contribuyeron a disminuir el déficit acumulado, en medio de las limitaciones económicas que enfrenta este ayuntamiento de la región noreste de Puerto Rico.
La situación fiscal de Loíza ha sido objeto de señalamientos en auditorías anteriores. Un informe divulgado en 2017 había documentado déficits acumulados que alcanzaron aproximadamente $8 millones durante el año fiscal 2015, además de deficiencias presupuestarias y administrativas.
Entre los señalamientos de la auditoría más reciente figura el pago de $205,228 en penalidades, intereses y otros cargos impuestos por el Servicio de Rentas Internas federal debido a atrasos en el envío de retenciones y aportaciones relacionadas con el Seguro Social.
La alcaldesa Julia Nazario Fuentes atribuyó las dificultades de liquidez municipal, entre otros factores, a la eliminación gradual del Fondo de Equiparación Municipal, mecanismo que durante años proporcionó recursos a municipios con una base contributiva limitada.
Según explicó la ejecutiva municipal, el ayuntamiento ha continuado realizando pagos dirigidos a reducir las obligaciones acumuladas con el gobierno federal.
No obstante, la Contraloría mantuvo el señalamiento debido a que las obligaciones contributivas deben atenderse dentro de los términos establecidos. Los pagos en penalidades e intereses constituyen desembolsos adicionales que afectan los recursos disponibles para las operaciones municipales.
El informe también identificó ocho compras realizadas entre agosto de 2020 y agosto de 2023 por un total de $301,377, cuyos expedientes no contenían las tres cotizaciones requeridas por la reglamentación aplicable.
Entre las adquisiciones figuraban vehículos municipales, mochilas para estudiantes, materiales relacionados con la emergencia del COVID-19, módulos para salones de clases y suministros de oficina.
La administración municipal sostuvo que se realizaron gestiones para obtener las cotizaciones correspondientes, pero que algunos proveedores no respondieron a las solicitudes. Sin embargo, los auditores mantuvieron el hallazgo al no encontrar evidencia documental suficiente que acreditara esas gestiones.
Otra de las situaciones identificadas corresponde a 87 comprobantes de desembolso por $2,364,423 que presentaron deficiencias en su documentación. Entre estas figuraban facturas sin evidencia de aprobación, ausencia de informes de recibo de bienes o servicios y expedientes incompletos.
Aunque el monto de los desembolsos examinados supera los $2.3 millones, el informe no establece que esa cantidad corresponda a fondos desaparecidos o apropiados ilegalmente. Los señalamientos están relacionados con deficiencias documentales y de control administrativo en las transacciones evaluadas.
La auditoría tampoco contiene una determinación de hurto o malversación de fondos públicos contra la alcaldesa o funcionarios municipales.
Entre los comentarios especiales se incluyen deficiencias en los registros de propiedad municipal, conservación de documentos públicos, actualización de reglamentos y devolución de tablillas de vehículos declarados inservibles.
El informe también recoge la existencia de reclamaciones judiciales pendientes contra el ayuntamiento por más de $2.5 millones, cantidades que corresponden a demandas civiles y no necesariamente a obligaciones definitivamente adjudicadas.
La Oficina de la Contralora emitió una opinión cualificada sobre las operaciones examinadas, lo que significa que, excepto por los hallazgos identificados, estas cumplieron en aspectos significativos con las leyes y los reglamentos aplicables.
La contralora Carmen Vega Fournier recomendó fortalecer los controles internos, mejorar la documentación relacionada con compras y desembolsos, actualizar la reglamentación municipal y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.
Los resultados de la auditoría reflejan avances y deficiencias en la administración municipal de Loíza. Mientras los auditores identificaron incumplimientos administrativos que requieren acciones correctivas, los estados financieros examinados documentan una disminución sustancial del déficit operacional acumulado.
El municipio mantiene un déficit de $927,379, aunque considerablemente menor que el registrado en años anteriores. La administración municipal deberá continuar atendiendo sus obligaciones fiscales y corregir los procedimientos señalados por la Contraloría, al tiempo que procura sostener la reducción del déficit alcanzada durante los años evaluados.
