SAN JUAN — La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico solicitó autorización al Tribunal Supremo para intervenir como amiga de la corte en el pleito sobre el contrato de LUMA Energy y pidió al máximo foro judicial que adopte el razonamiento de la empresa y rechace los argumentos del Gobierno para cancelar el acuerdo.
El escrito representa el respaldo institucional más contundente que ha recibido LUMA dentro de la controversia. La Junta sostiene que el contrato de operación y su extensión recibieron todas las aprobaciones requeridas por ley, incluida la suya, y que fueron válidamente otorgados.
También advierte que una decisión favorable al Gobierno podría provocar “caos” en el sistema energético, dejar la red sin un operador preparado y afectar gravemente la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica.
La posición de la Junta contradice directamente la teoría jurídica impulsada por la gobernadora Jenniffer González, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, la AEE y el zar de Energía, Josué Colón. Mientras el Gobierno sostiene que la Carta-Extensión de 2022 es ilegal, el organismo responsable de certificar los planes fiscales y presupuestos de la AEE afirma que el contrato fue aprobado conforme a derecho.
La Junta sostiene que la legislación de Puerto Rico, el Plan Fiscal certificado para la AEE y el plan de ajuste propuesto en el proceso de Título III exigen que la red eléctrica sea operada por una empresa privada. Según el escrito, devolver la operación a la Autoridad, aunque fuera temporalmente, sería ilegal, violaría el Plan Fiscal y tendría consecuencias nefastas para la quiebra de la corporación pública y la recuperación económica del país.
El planteamiento golpea directamente la propuesta de la UTIER, que ha solicitado participar en el caso para defender una ruta que permita devolver las operaciones de transmisión y distribución a la AEE. La Junta Fiscal sostiene lo contrario y asegura que la Autoridad no está en condiciones de asumir nuevamente esa responsabilidad.
El organismo afirma que la AEE no cuenta con el personal, los recursos ni la capacidad administrativa necesarios para operar la red. Destaca que la corporación redujo significativamente su plantilla laboral desde que LUMA asumió las operaciones y ya no dispone de todos los ingenieros, celadores y demás empleados requeridos.
La Junta también responsabiliza a la antigua AEE por décadas de administración deficiente, vulnerabilidad a la injerencia política y fallas operacionales. Según su escrito, esas condiciones fueron precisamente las que llevaron al Gobierno, a la Asamblea Legislativa y a la propia Junta a determinar que la red debía quedar bajo la administración de un operador privado.
El documento señala que LUMA es actualmente la única opción disponible para mantener la operación privada de la red. El Gobierno no ha identificado un operador sustituto cualificado, preparado y evaluado que pueda asumir inmediatamente las funciones de transmisión y distribución.
La propia administración reconoce en sus escritos que sería necesario realizar un proceso para seleccionar a un sucesor. La Junta advierte que una licitación competitiva podría tardar años y que cualquier nueva compañía necesitaría meses adicionales de preparación antes de tomar control del sistema.
También cuestiona la posibilidad de encontrar otra empresa dispuesta a invertir millones de dólares en Puerto Rico si el Gobierno logra cancelar el contrato vigente por alegados incumplimientos gubernamentales que no guardan relación con el desempeño del operador.
La Junta advierte que invalidar el contrato podría obligar a la AEE a pagar más de $250 millones en cargos de terminación y servicios de transición, además de otras obligaciones económicas. De validarse esas reclamaciones, los pagos podrían agotar los fondos operacionales de una corporación que ya enfrenta serias limitaciones financieras.
El organismo añade que parte o la totalidad de esos cargos podrían reclamarse como gastos administrativos dentro del procedimiento de Título III, lo que complicaría aún más la confirmación de un plan de ajuste para la AEE. También reconoce que el impacto económico podría traducirse en aumentos en la tarifa eléctrica.
La Junta considera el contrato con LUMA uno de los activos más importantes de la AEE dentro de su proceso de quiebra, porque organiza la operación privada y profesional de los sistemas de transmisión y distribución. Su cancelación, sostiene, podría afectar la capacidad de la corporación para generar los ingresos necesarios para pagar a sus acreedores.
El escrito aclara que la Junta no está evaluando la calidad del desempeño de LUMA. Su posición se concentra en la legalidad del contrato y en las consecuencias fiscales, económicas y operacionales de terminarlo sin contar con un sustituto.
La comparecencia todavía requiere autorización del Tribunal Supremo. La Junta informó que algunas partes se negaron a consentir su participación, aunque no identificó cuáles.
El caso presenta ahora una división institucional cada vez más marcada. La Asociación de Industriales ha defendido la estabilidad contractual, la certeza jurídica y la continuidad de la transformación energética. La Junta Fiscal sostiene que el contrato de LUMA es válido y que su cancelación podría desatar una crisis fiscal y operacional. En la otra dirección, el Gobierno y la UTIER promueven una ruta que devolvería temporalmente la red a la AEE.
El planteamiento de la Junta deja al Gobierno frente a una contradicción difícil de superar. La administración pretende cancelar el único contrato operacional existente sin haber identificado quién administrará la red, cómo se financiará la transición ni cuánto tiempo tardará en contratarse un sustituto.
La Junta no se limita a advertir sobre los riesgos. Solicita al Tribunal Supremo que adopte el razonamiento presentado por LUMA y determine que el Gobierno no puede terminar el contrato bajo los argumentos expuestos en sus demandas.
La ofensiva contra LUMA enfrenta así la oposición del organismo federal que controla el Plan Fiscal, representa a la AEE en su quiebra y tiene la responsabilidad de proteger su recuperación financiera. Su advertencia es directa, cancelar el contrato sin un operador privado listo no representa una transición, sino un riesgo de caos energético, mayores costos y un nuevo golpe a la estabilidad económica de Puerto Rico.
