LA FORTALEZA (CyberNews) – La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón firmó el jueves la Ley 224-2026, que obliga a los dueños de cargas de agregados a pagar a los transportadores en un plazo de 15 días y cumplir con las tarifas autorizadas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP).
“Con esta ley reunimos en un solo marco legal las disposiciones que rigen una actividad importante para la construcción y el desarrollo de obras en Puerto Rico. También establecemos responsabilidades claras para quienes contratan estos servicios, incluyendo el cumplimiento con las tarifas autorizadas y el pago oportuno a los transportadores”, expresó González Colón en declaraciones escritas.
La legislación, originada en el Proyecto del Senado 1140, de la autoría del senador Héctor Sánchez Álvarez, incorpora las disposiciones sobre el transporte comercial e industrial de agregados a la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.
Mediante la incorporación del artículo 73-A, se establece que los propietarios de las cargas deberán contratar los servicios conforme a las tarifas aprobadas por el NTSP y responder por los excesos de carga que autoricen.
El estatuto también contempla multas administrativas e intereses por pagos atrasados, como parte de las medidas dirigidas a proteger a los transportadores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Entre las facultades del NTSP figuran expedir permisos y autorizaciones provisionales, mantener un registro de transportadores, fiscalizar las operaciones y establecer tarifas justas y razonables.
Asimismo, la ley regula los procedimientos para denegar, suspender o revocar permisos, con las correspondientes garantías procesales para los concesionarios.
Para las obras financiadas con fondos públicos, la legislación exige distribuir los servicios de transporte mediante turnos de rotación numérica entre los concesionarios autorizados, de acuerdo con la reglamentación del NTSP.
Las disposiciones no aplicarán a las operaciones realizadas mediante vehículos pesados pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico o a los municipios.
“Queremos que quienes trabajan en esta industria cuenten con reglas claras y que el servicio esté disponible para atender las necesidades comerciales e industriales de la isla. El cumplimiento con los permisos, las tarifas y las condiciones de contratación es parte de ese esfuerzo”, sostuvo la gobernadora.
