El Senado aprobó su salida con 44 votos, luego de que el Congreso continuara el juicio político pese a la renuncia presentada por el mandatario.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido este viernes tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones relacionado con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada anteriormente a sus intereses empresariales y que recibió importantes depósitos de instituciones públicas.
La destitución obtuvo 44 votos en un Senado de 45 integrantes. La decisión culminó el proceso iniciado en la Cámara de Diputados y abrió paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el mandato que termina en agosto de 2028.
La crisis estalló después de la intervención del banco y del bloqueo de fondos de sus clientes. Entre los recursos depositados había dinero del Instituto de Previsión Social, organismo que administra pensiones y servicios de salud de trabajadores paraguayos.
Para los ciudadanos afectados, el problema se tradujo en dificultades para acceder a sus ahorros y realizar pagos. La situación provocó manifestaciones y elevó la presión sobre el gobierno.
Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso siguió adelante con el juicio político. La diferencia tiene consecuencias importantes, pues la Constitución paraguaya permite que los expresidentes electos ocupen un escaño vitalicio en el Senado, beneficio que excluye a quienes sean destituidos mediante este procedimiento.
Las acusaciones contra Peña incluyeron presuntos conflictos de intereses y cuestionamientos sobre la colocación de fondos públicos y la supervisión del banco. El mandatario niega haber actuado ilegalmente.
Peña no compareció personalmente al Senado. Sus abogados cuestionaron el tiempo concedido para preparar la defensa y reclamaron que se aceptara su renuncia. También señalaron que podrían impugnar el procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia y organismos internacionales.
La Fiscalía abrió investigaciones relacionadas con la crisis bancaria. La destitución resuelve la responsabilidad política del mandatario, mientras las autoridades investigan las posibles responsabilidades penales por el manejo de la entidad y los recursos depositados.
La salida de Peña lo convierte en el segundo presidente paraguayo destituido mediante juicio político desde el fin de la dictadura en 1989, después de Fernando Lugo en 2012.
