Escándalo en Corrección expone falla de mando en La Fortaleza: silencio de la gobernadora ante alegado acoso sexual y abuso de poder
La querella radicada ante la EEOC contra un alto funcionario del Departamento de Corrección y Rehabilitación no solo describe un patrón alarmante de acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de autoridad—también pone en el centro del debate la responsabilidad directa de la gobernadora sobre la conducta de su equipo de confianza.
Las alegaciones son contundentes: comentarios sexuales explícitos, humillaciones constantes, intimidación y represalias contra una funcionaria que terminó renunciando tras un ambiente laboral que describe como insostenible. No se trata de un incidente aislado, sino de un patrón que, de ser cierto, habría ocurrido bajo la mirada de una administración que ahora enfrenta serios cuestionamientos.
La pregunta es inevitable: ¿dónde estaba la gobernadora mientras esto ocurría?
Y más importante aún: ¿qué hizo —o dejó de hacer— para detenerlo?
El caso expone lo que críticos ya señalan como una falla de supervisión y liderazgo en La Fortaleza, donde un funcionario de alto nivel habría operado con aparente impunidad. Las denuncias de represalias tras la renuncia —incluyendo acciones contra terceros— agravan aún más el cuadro y apuntan a un posible uso indebido del poder institucional.
Más allá de la investigación administrativa que se reclama, el escándalo abre un frente político que la gobernadora no podrá esquivar: la responsabilidad de mando no se delega, se asume.
En momentos donde el país exige transparencia y cero tolerancia al acoso, el silencio o la inacción desde la cúpula gubernamental podría tener un costo político significativo.
