San Juan, Puerto Rico — La propuesta de reforma al sistema de permisos impulsada por la gobernadora Jenniffer González Colón ha provocado una reacción inmediata y contundente de los alcaldes del país, quienes, sin distinción de partido, han alzado preocupaciones sobre el impacto de la medida en la autonomía municipal.
Tanto la Federación de Alcaldes (PNP) como la Asociación de Alcaldes (PPD) han coincidido en que, aunque reconocen la necesidad de agilizar los procesos para promover el desarrollo económico, el proyecto en su forma actual representa riesgos significativos para la operación y estabilidad fiscal de los municipios.
Uno de los principales puntos de conflicto es la posible pérdida de autonomía municipal. Los ejecutivos locales advierten que la creación de un sistema unificado y un código integrado podría trasladar al gobierno central decisiones que actualmente recaen en los municipios, particularmente en lo relacionado a los Planes de Ordenación Territorial.
A esto se suma la preocupación por la centralización de ingresos. La propuesta de que el cobro de arbitrios de construcción y patentes municipales se realice a través de un sistema estatal ha generado resistencia, al entender que estos recaudos son esenciales para sostener servicios básicos en los ayuntamientos.
Asimismo, los alcaldes han planteado reservas sobre el alcance de su capacidad de fiscalización bajo el nuevo modelo. Insisten en que, de implementarse un sistema unificado, los municipios deben mantener acceso completo a la información y control sobre los procesos, sin depender exclusivamente del gobierno central.
En términos de postura, la Federación de Alcaldes, liderada por el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, ha presentado más de 20 enmiendas técnicas al proyecto y ha condicionado su respaldo a que se garantice el control de los ingresos municipales. Por su parte, la Asociación de Alcaldes, presidida por el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ha sido más enfática al señalar que la medida, tal como está redactada, “lacera la autonomía municipal”, adelantando que presentarán un informe con recomendaciones en los próximos días.
Desde La Fortaleza, la administración defiende la reforma como un paso necesario para eliminar la burocracia que ha frenado el desarrollo económico. El proyecto busca consolidar cerca de 45 leyes bajo un nuevo Código de Planificación y Permisos, alineado con las recomendaciones del Task Force de Permisos presentado en diciembre de 2025.
El Ejecutivo ha mostrado apertura al diálogo y ha sostenido reuniones recientes con ambos organismos municipales en un intento por armonizar la medida antes de su consideración final en la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, el debate continúa escalando, con un elemento claro: más allá de la eficiencia del sistema, la discusión ha puesto sobre la mesa un tema de fondo — el balance de poder entre el gobierno central y los municipios.
