San Juan, Puerto Rico — El gobierno de Puerto Rico presentará este viernes ante la Asamblea Legislativa el nuevo proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026-2027, con un Fondo General ascendente a aproximadamente $13,181 millones, en medio de negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y expectativas sobre posibles medidas de alivio contributivo.

La administración aseguró que el presupuesto ya fue entregado a la Junta junto a la resolución conjunta correspondiente y que el proceso se encuentra encaminado para cumplir con los términos establecidos bajo la Ley PROMESA.

Uno de los elementos más relevantes del nuevo presupuesto es la implementación por primera vez de una metodología de “modified accrual” o acumulación modificada, que cambia la forma en que el gobierno reconoce ciertos gastos operacionales, particularmente nómina y obligaciones financieras.

Según el Ejecutivo, este nuevo enfoque busca fortalecer el cumplimiento fiscal y mejorar la precisión en la planificación presupuestaria.

Otro aspecto destacado es que, a diferencia de años anteriores, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tuvo un rol más activo en la determinación de las bases presupuestarias de las agencias, en lugar de depender exclusivamente de parámetros establecidos por la Junta de Supervisión Fiscal.

El presupuesto también incluye una reserva destinada a atender riesgos operacionales y posibles necesidades adicionales de agencias gubernamentales durante el año fiscal, incluyendo ajustes salariales y mejoras permanentes en dependencias como la Policía.

Mientras tanto, la Legislatura tendrá hasta el próximo 5 de junio para aprobar la medida y cumplir con el calendario establecido bajo PROMESA.

En paralelo, la gobernadora Jenniffer González Colón adelantó que el gobierno se prepara para anunciar medidas relacionadas al alivio contributivo, tema que podría convertirse en uno de los puntos más importantes de discusión pública durante las próximas semanas.

La presentación del presupuesto ocurre en momentos donde persisten preocupaciones sobre el costo de vida, presiones inflacionarias y la necesidad de mantener estabilidad fiscal sin afectar servicios esenciales.

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