Departamento de Justicia operará con menos fondos mientras enfrenta presión en reclutamiento y operaciones

San Juan, Puerto Rico — El Departamento de Justicia entrará al próximo año fiscal con un presupuesto reducido, en momentos donde la agencia continúa enfrentando retos relacionados con reclutamiento de personal, necesidades tecnológicas y el aumento en exigencias operacionales dentro del sistema judicial.

Durante vistas públicas de presupuesto en la Legislatura, trascendió que la agencia recibirá una asignación menor a la del año fiscal actual, como parte del proceso de ajustes fiscales que el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal negocian para el presupuesto 2026-2027.

A pesar del escenario fiscal, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, sostuvo que la agencia continuará operando y cumpliendo con sus responsabilidades, aunque reconoció que el panorama presupuestario representa retos importantes para varias áreas operacionales.

Entre las preocupaciones discutidas durante las vistas figuran vacantes difíciles de llenar, limitaciones salariales para reclutar fiscales y personal especializado, así como necesidades relacionadas con modernización tecnológica y mantenimiento de operaciones esenciales.

También se discutieron necesidades adicionales para infraestructura, sistemas tecnológicos y áreas sensitivas relacionadas con protección de testigos y manejo de casos complejos.

El escenario ocurre en momentos donde distintas agencias gubernamentales han advertido sobre el impacto que podrían tener los ajustes presupuestarios sobre la prestación de servicios y la capacidad operacional del gobierno.

No obstante, Justicia insistió en que continuará manejando sus responsabilidades bajo el presupuesto asignado y defendió que la carga actual de trabajo puede mantenerse operando dentro de los recursos disponibles.

La discusión presupuestaria se produce además en un contexto donde aumentan las expectativas públicas sobre el desempeño del sistema judicial, particularmente en áreas relacionadas con seguridad, corrupción, violencia y procesamiento de casos criminales.

Mientras la Legislatura continúa evaluando el presupuesto general del gobierno, el caso del Departamento de Justicia refleja la presión que enfrentan múltiples agencias para mantener operaciones esenciales bajo un escenario de restricciones fiscales y mayores exigencias operacionales.