San Juan, Puerto Rico — La crisis presupuestaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) volvió a escalar a nivel federal luego de que el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, confirmara gestiones junto a congresistas para presionar a la Junta de Supervisión Fiscal a buscar mecanismos que permitan devolverle fondos recurrentes a la principal institución universitaria del país.
La movida ocurre en momentos de fuerte tensión dentro del sistema universitario público, marcado por paros estudiantiles, protestas en múltiples recintos y crecientes reclamos sobre el deterioro financiero y operacional que enfrenta la universidad tras años de recortes presupuestarios.
Según trascendió, la comunicación enviada por Hernández Rivera y varios miembros del Congreso busca que la Junta Fiscal reconsidere alternativas para allegar nuevamente recursos equivalentes a la antigua fórmula del 9.6% del Fondo General, mecanismo que históricamente garantizaba estabilidad presupuestaria a la UPR antes de ser eliminado bajo los planes fiscales certificados durante el proceso de PROMESA.
La eliminación de esa fórmula ha sido señalada por sectores universitarios como uno de los factores principales detrás de la reducción de servicios, pérdida de profesores, deterioro de infraestructura y fuga de estudiantes y talento académico fuera de Puerto Rico.
La presión política ocurre además en momentos donde distintos sectores levantan preocupación sobre la estabilidad futura de la universidad pública y su capacidad para mantener competitividad académica, acreditaciones y acceso a fondos federales.
La situación ha provocado que líderes estudiantiles, docentes y organizaciones universitarias intensifiquen sus reclamos contra la Junta Fiscal y la administración universitaria, denunciando que la institución lleva años operando bajo una estructura financiera insuficiente para atender las necesidades reales del sistema universitario.
La intervención del comisionado residente añade ahora un componente federal y político mucho más fuerte a la controversia, particularmente cuando la UPR continúa siendo considerada una pieza clave para el desarrollo profesional, científico y económico de Puerto Rico.
Mientras tanto, continúa creciendo la presión pública para que se identifiquen soluciones permanentes que permitan estabilizar las finanzas de la universidad y evitar un mayor deterioro del sistema universitario público más importante del país.
