SAN JUAN, PUERTO RICO — La controversia sobre el manejo de investigaciones de corrupción pública archivadas por el Departamento de Justicia entró en una nueva etapa luego de que la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado decidiera acudir a los tribunales para exigir acceso a información relacionada con cientos de casos cerrados durante los pasados meses.
La acción judicial surge tras múltiples solicitudes de información realizadas por legisladores populares que buscan conocer los fundamentos utilizados para archivar más de 200 investigaciones que permanecían bajo evaluación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC).
Según ha planteado públicamente el portavoz popular en el Senado, Luis Javier Hernández, el objetivo principal es determinar si los cierres se realizaron conforme a los parámetros establecidos en la orden administrativa emitida por el Departamento de Justicia que ordenó la revisión de investigaciones con más de dos años de antigüedad.
La disputa coloca frente a frente dos importantes principios gubernamentales: por un lado, la facultad constitucional de fiscalización de la Rama Legislativa y, por otro, la protección de información investigativa que el Departamento de Justicia sostiene está amparada por disposiciones legales y constitucionales.
Justicia ha argumentado que los informes de los fiscales contienen análisis legales, evaluaciones de evidencia y datos sensitivos cuya divulgación podría afectar derechos de privacidad, revelar estrategias investigativas y comprometer futuros procesos relacionados con casos de corrupción pública.
Sin embargo, los senadores populares sostienen que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo y por qué se tomaron decisiones que provocaron el cierre de investigaciones de alto interés público, particularmente cuando se trata de asuntos relacionados con la integridad gubernamental y la confianza en las instituciones públicas.
La controversia tiene su origen en una orden administrativa emitida en septiembre de 2025 que estableció un proceso de revisión para investigaciones que llevaban años pendientes sin determinación final. Como resultado de esa revisión, cientos de expedientes fueron archivados, provocando cuestionamientos de diversos sectores sobre los criterios utilizados para cerrar los casos.
Más allá del litigio particular, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más importantes sobre acceso a información gubernamental y facultades investigativas de la Asamblea Legislativa en los últimos años. La decisión que eventualmente emitan los tribunales podría establecer precedentes significativos sobre los límites de la confidencialidad investigativa y el alcance de la fiscalización legislativa en Puerto Rico.
Mientras el Departamento de Justicia insiste en que actuó conforme a derecho y dentro de sus facultades legales, la delegación popular asegura que continuará utilizando todos los mecanismos disponibles para obtener la documentación solicitada y esclarecer las circunstancias que rodearon el archivo de las investigaciones.
Ahora corresponderá a los tribunales determinar dónde termina el derecho del gobierno a proteger información confidencial y dónde comienza el derecho de los legisladores y de la ciudadanía a conocer cómo se manejaron investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción pública.
