SAN JUAN, PUERTO RICO — La controversia entre los municipios y la Junta de Supervisión Fiscal por el cobro de arbitrios de construcción continúa escalando, luego de que la Federación de Alcaldes de Puerto Rico se uniera a múltiples ejecutivos municipales que han salido públicamente en defensa de una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos.
La Federación de Alcaldes advirtió que limitar o eliminar el cobro de arbitrios de construcción tendría un impacto directo sobre las finanzas municipales y la capacidad de los gobiernos locales para ofrecer servicios esenciales a sus residentes.
La organización sostuvo además que las disposiciones aprobadas por la Legislatura y firmadas por el gobernador no crean nuevos impuestos, sino que buscan aclarar y reafirmar facultades que los municipios han ejercido durante décadas como parte de su autonomía fiscal.
La posición de la Federación se suma a expresiones realizadas previamente por varios alcaldes, entre ellos el alcalde de Aguada, Cristian Cortés Feliciano, quien ha defendido públicamente el derecho de los municipios a participar del desarrollo económico que ocurre dentro de sus jurisdicciones.
Cortés ha señalado que resulta contradictorio exigir a los municipios una menor dependencia de fondos estatales mientras simultáneamente se pretende limitar una de las pocas herramientas legítimas de generación de ingresos con las que cuentan los gobiernos municipales.
Según el alcalde aguadeño, los arbitrios de construcción permiten a los municipios atender el impacto que generan los proyectos de infraestructura sobre carreteras, servicios municipales, seguridad pública y otros recursos locales que se utilizan durante el desarrollo de las obras.
La controversia surge luego de que la Junta de Supervisión Fiscal cuestionara el alcance de las leyes recientemente aprobadas relacionadas con el cobro de arbitrios en proyectos de construcción, particularmente aquellos vinculados a fondos federales para reconstrucción.
No obstante, líderes municipales sostienen que impedir el cobro de estos arbitrios tendría consecuencias fiscales significativas para los municipios en momentos en que continúan enfrentando reducciones en otras fuentes tradicionales de ingresos.
