La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico advirtió que la posición asumida por la Junta de Supervisión Fiscal sobre el cobro de arbitrios municipales en proyectos financiados con fondos federales tendría el efecto de beneficiar al sector privado mientras reduce recursos que los municipios utilizan para sostener servicios esenciales en sus comunidades.
La controversia surge luego de que la Junta objetara la implementación de legislación relacionada con el cobro de arbitrios municipales en proyectos sufragados con fondos federales. Sin embargo, los alcaldes sostienen que el arbitrio de construcción no constituye un impuesto nuevo ni una carga adicional sobre esos fondos, sino una facultad municipal reconocida por décadas bajo las leyes de Puerto Rico y validada mediante la práctica administrativa de agencias federales.
En una carta enviada al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert F. Mujica Jr., la Asociación de Alcaldes rechazó la interpretación del organismo y defendió la legalidad de los arbitrios municipales aplicables a contratistas privados que participan en proyectos de reconstrucción.
“Resulta difícil conciliar el mandato fiscal de la Junta con su insistencia en privar a los municipios de una fuente legal y recurrente de ingresos mediante una exención que la Legislatura nunca ha autorizado, especialmente cuando FEMA ya reconoce y reembolsa esos costos”, expresó la organización en la comunicación enviada al ente fiscal.
La entidad municipal sostiene que FEMA ha reconocido durante años los arbitrios municipales y otros cargos locales como costos elegibles dentro de proyectos financiados con fondos federales, por lo que rechaza los planteamientos de que dichos pagos representen una carga indebida sobre los recursos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico.
Según la Asociación, la determinación impulsada por la Junta tendría consecuencias directas sobre las finanzas municipales en momentos en que los ayuntamientos continúan enfrentando limitaciones presupuestarias mientras mantienen la responsabilidad de ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía.
Los alcaldes argumentan que los ingresos generados por los arbitrios municipales ayudan a financiar operaciones relacionadas con el mantenimiento de infraestructura, manejo de emergencias, servicios comunitarios, limpieza, recreación y otras funciones que impactan directamente la calidad de vida de los residentes.
La organización sostuvo además que eliminar o limitar estos recaudos tendría el efecto práctico de liberar a los contratistas privados de costos que históricamente han formado parte de la actividad de construcción en Puerto Rico, mientras los municipios pierden una fuente de ingresos que consideran legítima y necesaria para atender las necesidades de sus comunidades.
La carta enviada a la Junta también enfatiza que la Ley 215-2024 no creó un nuevo impuesto ni estableció un arbitrio especial para proyectos financiados con fondos federales, sino que aclaró disposiciones que, según los alcaldes, ya formaban parte del marco legal vigente.
Para la Asociación de Alcaldes, la controversia trasciende una discusión jurídica y fiscal. La organización sostiene que está en juego la capacidad de los municipios para participar de manera justa en la actividad económica generada por los miles de millones de dólares que actualmente se invierten en obras de reconstrucción en toda la Isla.
Mientras la Junta continúa evaluando la legislación relacionada con este asunto, los alcaldes insistieron en que impedir el cobro de arbitrios municipales no reducirá el costo de las obras para el gobierno federal, pero sí limitará recursos que hoy ayudan a sostener servicios esenciales para las comunidades puertorriqueñas.
La disputa marca un nuevo capítulo en las diferencias entre los gobiernos municipales y la Junta de Supervisión Fiscal, con implicaciones potenciales para las finanzas de los ayuntamientos y para la distribución de los beneficios económicos derivados de la reconstrucción de Puerto Rico.
