SAN JUAN, Puerto Rico – El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, solicitó formalmente a la Junta de Supervisión Fiscal que presente evidencia concreta sobre el impacto que tendría la Ley 215-2024 en los proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales, al tiempo que reclamó un análisis detallado sobre las consecuencias económicas que sufrirían los municipios si se les impide cobrar arbitrios de construcción.
Mediante una carta enviada al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, Hernández pidió que en un plazo de 15 días se someta un informe que cuantifique tanto los costos que la Junta atribuye a los arbitrios municipales como las pérdidas que enfrentarían los gobiernos municipales de eliminarse esa fuente de recaudos.
La petición surge luego de que la Junta expresara públicamente su oposición a la Ley 215-2024, legislación que autoriza a los municipios a imponer arbitrios sobre proyectos de reconstrucción financiados con fondos federales.
Hernández solicitó específicamente que la Junta identifique cuáles municipios serían los más afectados económicamente, cómo la reducción de ingresos impactaría servicios esenciales como seguridad pública, manejo de emergencias e infraestructura municipal, y qué alternativas existen para compensar esas pérdidas sin afectar los esfuerzos de reconstrucción.
La intervención del comisionado residente introduce un nuevo elemento al debate público, al plantear que la discusión no puede limitarse únicamente al posible impacto de los arbitrios sobre los proyectos de reconstrucción, sino que también debe considerar las consecuencias para los municipios que dependen de esos ingresos para sostener servicios esenciales.
Aunque reconoció la importancia de maximizar el uso eficiente de los fondos federales y evitar retrasos en los proyectos de recuperación, Hernández destacó que los municipios desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios directos a las comunidades y que cualquier determinación debe estar respaldada por datos objetivos.
La controversia sobre los arbitrios municipales se ha convertido en uno de los principales enfrentamientos entre alcaldes y la Junta de Supervisión Fiscal, con líderes municipales argumentando que eliminar esos recaudos afectaría seriamente su capacidad operacional y su estabilidad financiera.
La solicitud de Hernández ahora coloca sobre la Junta la responsabilidad de demostrar con datos concretos tanto el impacto de los arbitrios sobre la reconstrucción como las consecuencias que tendría para los municipios impedir su cobro.
Mientras continúa el debate, alcaldes de distintos partidos han insistido en que los municipios no pueden seguir absorbiendo responsabilidades sin contar con fuentes adecuadas de ingresos para sostener los servicios que reciben los ciudadanos.
