SAN JUAN (CyberNews) – Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reveló el lunes pagos indebidos por 24,864 dólares, deficiencias en un contrato de obras por 1 millón de dólares y nombramientos irregulares en el Municipio de San Germán.
El informe OC-26-38 cubrió las operaciones fiscales y administrativas del municipio entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2024 y concluyó con una opinión cualificada por cinco hallazgos.
Según la auditoría, San Germán desembolsó cerca de 876,629 dólares por liquidaciones de licencias acumuladas a 182 exfuncionarios y exempleados entre enero de 2021 y noviembre de 2024.
Contraloría examinó 20 pagos por 24,864 dólares y determinó que el municipio liquidó sin facultad legal 237 días de licencia por enfermedad que excedían el límite de 90 días permitido al finalizar el servicio público.
El alcalde sostuvo que algunas liquidaciones fueron autorizadas por la administración anterior y que una ordenanza municipal permitía esos pagos. Contraloría mantuvo el hallazgo porque el Código Municipal autoriza liquidar excesos de vacaciones, pero no licencias por enfermedad que superen los 90 días.
Otro señalamiento corresponde a un contrato de 1 millón de dólares para trabajos de revestimiento asfáltico y escarificación de superficies que fue formalizado sin las fianzas de cumplimiento y de pago de mano de obra, equipo y materiales.
Ni el municipio ni el contratista presentaron evidencia de las garantías requeridas, según el informe. El alcalde atribuyó la omisión a un error involuntario e informó que estableció un proceso para verificar la documentación antes de formalizar contratos futuros.
La auditoría también encontró que cuatro contratos para servicios de auditoría externa fueron otorgados entre 13 y 146 días después de las fechas requeridas. Además, el informe financiero correspondiente al año fiscal 2021-2022 fue remitido con 90 días de atraso a la Federal Audit Clearinghouse.
Aunque el alcalde relacionó la demora con extensiones federales concedidas por el huracán Fiona, Contraloría concluyó que el documento se entregó fuera del término extendido.
También permanecían sin transcribir las actas de 39 de las 77 reuniones celebradas por la Junta de Subastas entre mayo de 2022 y julio de 2024. La gerencia municipal informó que completó las correspondientes al año fiscal 2022-2023 y continuaba trabajando con las del periodo siguiente.
Contraloría determinó además que un comisionado de la Policía Municipal y un inspector fueron nombrados sin cumplir los requisitos mínimos de educación y experiencia. Uno de ellos recibió más de 90,000 dólares en salarios y diferenciales durante el periodo examinado.
El alcalde defendió el nombramiento del comisionado al sostener que su experiencia como vigilante del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y su preparación en la Academia de la Policía satisfacían requisitos alternos. La Oficina de la Contralora mantuvo el señalamiento al concluir que el cargo de vigilante no estaba comprendido en la definición legal de oficial.
“Los municipios administran recursos públicos esenciales para el funcionamiento de las comunidades. Por ello, es indispensable que sus operaciones fiscales, administrativas y de recursos humanos se conduzcan con estricto cumplimiento de ley, transparencia y controles internos efectivos”, expresó la contralora Carmen Vega Fournier en declaraciones escritas.
Entre las recomendaciones figuran recuperar los pagos indebidos, fortalecer la contratación municipal, cumplir los plazos de las auditorías financieras y verificar los requisitos legales antes de efectuar nombramientos.
