El Lcdo. Frank Torres-Viada alegó este jueves que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ha intervenido de manera indebida en los esfuerzos para cancelar el contrato de LUMA Energy, empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en Puerto Rico.
Durante una entrevista en el programa Nación Z, Torres-Viada sostuvo que la demanda presentada por el Gobierno contra LUMA se fundamenta en una teoría que contradice las propias acciones de la administración pública.
“La demanda del gobierno se inventa una teoría de que el contrato que firmó el propio gobierno ahora es nulo, en contra de sus propios actos y en contra de sus propias actuaciones y representaciones”, expresó.
El Lcdo. Torres-Viada afirmó además que cuentan con evidencia que sustenta alegaciones sobre la participación directa de Domenech en reuniones relacionadas con la administración del contrato.
“Tenemos prueba de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ha participado directamente en reuniones con funcionarios que tienen que ver con el manejo y la administración de este contrato para influenciar el criterio y para presionar la cancelación de este contrato”, alegó.
Según indicó, también existe un esfuerzo para promover la búsqueda de operadores alternos en un proceso que calificó como irregular.
“Nosotros tenemos prueba de que el secretario de la Gobernación ha hecho gestiones afirmativas para adelantar otros intereses que no son los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y presionar para que se cancele el contrato de LUMA”, afirmó.
Al ser cuestionado por el periodista Eddie López sobre si existe evidencia de esas alegaciones, Torres-Viada respondió que el proceso judicial permitirá examinar los hechos mediante un amplio descubrimiento de prueba.
“Ese descubrimiento de prueba va a ser un descubrimiento de prueba agresivo”, sostuvo.
Las expresiones surgieron durante una entrevista en Nación Z, donde abordó la disputa legal entre el Gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy relacionada con el futuro del contrato que administra el sistema de transmisión y distribución eléctrica de la Isla.
