El Senado de Puerto Rico intensificó este martes varias investigaciones de alto interés público al ordenar nuevas gestiones dirigidas a esclarecer denuncias sobre el manejo de incentivos contributivos y alegaciones relacionadas con funcionarios del Gobierno.
En una serie de documentos oficiales, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, requirió información al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y al Departamento de Hacienda sobre el decreto contributivo otorgado a Politank Corp., mientras, en un proceso separado pero relacionado con la investigación legislativa, citó al licenciado Sebastián Negrón Reichard para que declare bajo juramento y entregue toda la evidencia que sustenta la querella que presentó ante el Senado.
La investigación sobre la querella surge de la Resolución del Senado 548, aprobada el pasado 19 de junio, mediante la cual se ordenó investigar las denuncias presentadas por Negrón Reichard relacionadas con presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y la alegada conducta de funcionarios del Gobierno. Esa investigación ha estado vinculada públicamente a señalamientos dirigidos contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien ha rechazado las imputaciones.
Como parte de ese proceso, el Senado le concedió a Negrón Reichard un plazo de diez días para presentar su testimonio bajo juramento y entregar todos los documentos, comunicaciones y demás evidencia relacionada con sus denuncias.
De forma paralela, Rivera Schatz presentó dos peticiones dirigidas al DDEC y al Departamento de Hacienda para conocer qué acciones han tomado ambas agencias con relación al decreto contributivo concedido a Politank Corp., luego de que una auditoría interna señalara presuntos incumplimientos con las obligaciones establecidas en ese beneficio contributivo.
Entre otras cosas, el Senado solicitó conocer si el decreto fue revocado, si se inició algún proceso para recuperar contribuciones que pudieran adeudarse, cuáles gestiones administrativas se han realizado y que se entregue el expediente completo del caso. Las agencias disponen de 72 horas para responder a esos requerimientos.
Con estas actuaciones, el Senado entra en una nueva etapa de fiscalización en la que comenzará a recopilar documentos oficiales, testimonios y evidencia para determinar si procede recomendar acciones adicionales o referidos a las autoridades correspondientes.
Las respuestas del DDEC, del Departamento de Hacienda y el testimonio del principal querellante serán determinantes para establecer el rumbo de unas investigaciones que continúan captando la atención pública por sus posibles implicaciones administrativas, fiscales y políticas.
