La sequía que enfrenta Puerto Rico no puede servir de excusa para explicar por sí sola la crisis que vive hoy el sistema de agua potable. La falta de lluvias es un fenómeno natural que ningún gobierno puede controlar. Lo que sí puede controlar es la planificación, la inversión en infraestructura y la capacidad de respuesta de quienes administran uno de los servicios esenciales más importantes para el país.
Lo ocurrido durante los últimos días en municipios como Canóvanas y Río Grande demuestra que el problema va mucho más allá de los bajos niveles en los embalses o la reducción en los caudales de los ríos. La realidad es que Puerto Rico arrastra desde hace décadas una infraestructura de distribución de agua envejecida, con pérdidas millonarias por salideros, plantas de filtración que requieren modernización y un sistema que se vuelve cada vez más vulnerable ante cualquier evento climático.
Pero junto al problema de infraestructura también ha quedado al descubierto otro desafío: el liderazgo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
La respuesta institucional durante esta emergencia ha generado cuestionamientos de alcaldes, comunidades y diversos sectores que reclaman mayor comunicación, mejor planificación y una coordinación más efectiva antes de que las medidas de racionamiento entren en vigor. En situaciones de esta magnitud, la confianza pública es tan importante como la capacidad técnica para operar el sistema.
Los municipios son la primera línea de respuesta cuando una comunidad pierde el servicio de agua. Son los alcaldes quienes reciben las llamadas de los ciudadanos, coordinan la entrega de suministros y enfrentan directamente la frustración de las familias afectadas. Esa realidad exige una relación de trabajo constante, transparente y coordinada entre la Autoridad y los gobiernos municipales, independientemente de afiliaciones políticas.
La crisis actual también evidencia la necesidad de mirar más allá de la emergencia inmediata. Puerto Rico necesita un plan de modernización de su infraestructura hídrica con visión de futuro. La inversión en nuevas fuentes de abasto, el reemplazo de tuberías obsoletas, la reducción de pérdidas por salideros, la modernización de las plantas de filtración y el fortalecimiento de los sistemas de almacenamiento no pueden seguir posponiéndose.
Sin embargo, ninguna transformación de esa magnitud será posible sin un liderazgo que inspire confianza, genere consensos y tenga la capacidad de coordinar esfuerzos con los municipios, la Legislatura, el Gobierno central y el sector privado.
El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, encabeza hoy una corporación pública que enfrenta uno de los mayores retos de las últimas décadas. Como ocurre en cualquier institución pública, el liderazgo debe evaluarse no solo por las circunstancias que enfrenta, sino por la capacidad para anticiparlas, administrarlas y comunicar con claridad las decisiones que afectan a la ciudadanía.
Por ello, resulta razonable abrir una discusión seria sobre si la Autoridad necesita una nueva etapa en su dirección ejecutiva. No como un juicio personal contra quienes hoy ocupan esos cargos, sino como una reflexión sobre la necesidad de renovar el liderazgo de una institución que administra un servicio esencial para millones de puertorriqueños.
Puerto Rico necesita una Autoridad de Acueductos y Alcantarillados moderna, eficiente y preparada para enfrentar los desafíos que impone el cambio climático. Pero también necesita una institución capaz de recuperar la confianza de la ciudadanía y de trabajar hombro a hombro con los alcaldes, las comunidades y los distintos sectores del país.
La sequía pasará. Lo que no puede continuar es un sistema que reacciona a las crisis en lugar de anticiparlas. Esa es la verdadera discusión que Puerto Rico debe tener.
