SAN JUAN (CyberNews) – El fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, informó el miércoles el arresto de Gabriel Alfonso Núñez Robles, de 35 años y residente de Toa Alta, por explotación sexual infantil, acecho cibernético y amenazas en línea.
Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a Núñez Robles el 7 de julio, según la Fiscalía federal.
De acuerdo con documentos judiciales, entre febrero y mayo de 2026, Núñez Robles supuestamente recibió, distribuyó y transportó material de explotación sexual infantil mediante un teléfono celular.
La acusación sostiene además que el imputado poseía material de explotación sexual infantil en su dispositivo, incluido contenido relacionado con una menor prepúber de menos de 12 años.
También enfrenta cargos por acecho cibernético contra una menor entre las edades de 11 y 16 años.
Documentos judiciales señalan que Núñez Robles fue acusado además de acecho cibernético contra una mujer adulta desde alrededor de 2016 hasta abril de 2026.
Como parte de ese cargo, la Fiscalía federal indicó que el acusado supuestamente envió una comunicación mediante una aplicación de mensajería instantánea con una amenaza de causar daño.
Ramírez Carbó y el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos Goris, hicieron el anuncio.
La fiscal federal auxiliar Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Crímenes contra Menores, Trata Humana e Inmigración, procesa el caso.
A cargo de la investigación está el FBI.
De ser convicto por distribución, recibo y transporte de material de explotación sexual infantil, Núñez Robles enfrenta una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión y una máxima de 20 años.
Por posesión de material de explotación sexual infantil, se expone a una pena máxima de 20 años de prisión.
Acecho cibernético conlleva una pena máxima de 5 años de prisión, mientras el acecho cibernético de menores conlleva hasta 10 años.
El cargo por comunicaciones interestatales con amenazas expone al acusado a una pena máxima de 5 años de prisión.
Cualquier sentencia sería seguida por un término de libertad supervisada, según la Fiscalía federal.
La acusación forma parte de Project Safe Childhood, iniciativa del Departamento de Justicia federal para combatir la explotación sexual infantil y procesar a personas que explotan menores por internet.
Toda acusación es una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
