SAN JUAN (CyberNews)-El director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica, le envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón sobre el Proyecto de la Cámara 272, que pretende aumentar de dos a siete días los períodos de exención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) para la compra de materiales de regreso a clases durante las temporadas de enero y julio.Según Mujica, el proyecto no es compatible con el Plan Fiscal.
“La revisión de la Junta de Supervisión Fiscal concluye que, según está redactado, el Proyecto 272 es incompatible con el Plan Fiscal Certificado Revisado de 2024 para Puerto Rico y con la Ley PROMESA, ya que reduciría los ingresos del Fondo General y de los municipios en aproximadamente 3.4 millones de dólares al año y 16.7 millones de dólares durante los próximos cinco años fiscales, sin identificar primero ahorros o fuentes de ingresos recurrentes que compensen esa reducción”, dijo Mujica en una carta a la gobernadora.
Mencionó, además, que el momento en que fue aprobado el proyecto representa un problema.
“El Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Junta certificaron en las últimas semanas el presupuesto para el año fiscal 2027, y el Proyecto 272 no fue incorporado en las consideraciones presupuestarias. Por lo tanto, su aprobación daría lugar a un gasto sin fondos identificados dentro del presupuesto, lo que pondría en riesgo el objetivo de lograr un presupuesto certificado y balanceado, tal como exige la Ley PROMESA. Por lo tanto, aunque se comprende el propósito del Proyecto 272 dentro del contexto de brindar alivio económico, el impacto acumulativo de conceder nuevas suspensiones contributivas sin identificar medidas recurrentes de compensación representa un riesgo para la estabilidad fiscal de Puerto Rico. La Junta observa que el Proyecto 272 probablemente requerirá una reasignación presupuestaria para cubrir sus costos, lo que violaría la Sección 204(c) de la Ley PROMESA. Aunque esa reasignación requiere la aprobación de la Junta de Supervisión, dicha aprobación no ha sido solicitada ni concedida”.
Mujica le pidió a la gobernadora que “no convierta la medida en ley y, en su lugar, trabaje junto con la Asamblea Legislativa para identificar fuentes recurrentes de ingresos o ahorros que permitan financiar su implantación antes de su aprobación. Si decide convertir la medida en ley, le solicitamos que confirme que la Rama Ejecutiva no implantará el Proyecto 272 hasta que la Junta de Supervisión concluya que la ley no viola la Ley PROMESA ni ningún plan fiscal y que no menoscaba ni frustra los propósitos de la Ley PROMESA”.
Si la gobernadora decide convertir el proyecto en ley, la Junta advirtió que, “se reserva el derecho de tomar las acciones que considere necesarias, conforme a la Ley PROMESA, incluyendo solicitar remedios judiciales para impedir la implantación y ejecución del Proyecto 272. Esperamos que dichas acciones no sean necesarias”.
