Physician Correctional obtuvo un triunfo provisional en su disputa judicial con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, luego de que el Tribunal de Primera Instancia detuviera la puesta en vigor de cualquier nuevo contrato dirigido a reemplazar a la compañía como proveedora de los servicios médicos en las cárceles de Puerto Rico.
La determinación interrumpe el proceso que Corrección había adelantado para seleccionar, negociar y contratar a otro operador, aun cuando el acuerdo de Physician Correctional mantiene una vigencia contractual hasta el 30 de septiembre de 2028.
El tribunal permitió que la agencia continúe realizando evaluaciones y gestiones preparatorias, pero le prohibió activar un nuevo contrato que desplace al proveedor actual mientras permanece pendiente la controversia sobre la legalidad de la cancelación anticipada.
El remedio judicial estará condicionado a que Physician Correctional presente una fianza de $3 millones dentro del plazo establecido por el tribunal.
La empresa sostiene que Corrección intentó terminar unilateralmente el contrato sin cumplir con el procedimiento acordado entre las partes. El documento contractual requería que la agencia notificara los alegados incumplimientos y ofreciera un periodo para corregirlos o presentar un plan de acción antes de proceder con la terminación por justa causa.
Durante la etapa provisional del caso, el tribunal determinó que la prueba presentada apunta a que ese proceso no ocurrió antes de que Corrección comunicara su intención de cancelar el acuerdo.
La decisión no resuelve definitivamente si la agencia incumplió el contrato ni establece que Physician Correctional prevalecerá al concluir el litigio. Sin embargo, reconoce que permitir la entrada de un nuevo operador podría convertir la sustitución en un hecho prácticamente irreversible antes de que se dicte una sentencia final.
Una vez transferida la operación médica a otra empresa, sería difícil restituir el contrato de Physician Correctional, incluso si posteriormente el tribunal concluyera que la cancelación fue improcedente.
Corrección ya estaba en la fase decisiva
El Departamento de Corrección había emitido una solicitud de propuestas, recibido ofertas y evaluado posibles sustitutos. Un comité de la agencia identificó tres alternativas viables y recomendó avanzar hacia la selección final, la negociación contractual y la preparación del proceso de transición.
Ese ritmo acelerado colocó a Physician Correctional ante la posibilidad de perder la operación antes de que se determinara judicialmente si el Gobierno tenía derecho a cancelar un contrato todavía vigente.
La orden cambia temporalmente ese escenario y obliga a Corrección a esperar antes de consumar el reemplazo.
Physician Correctional continuará administrando los servicios de salud física, mental, dental y otros cuidados dirigidos a la población confinada mientras se dilucida la controversia y se cumplan las condiciones impuestas por el tribunal.
La calidad de los servicios entra en la controversia
La determinación judicial también recoge información sobre evaluaciones realizadas en el contexto del caso federal Morales Feliciano, que supervisa aspectos de las condiciones de confinamiento y del acceso a servicios médicos en las instituciones penales.
En esos informes se reconoció el desempeño de Physician Correctional y se advirtió que los cambios anteriores de proveedores provocaron interrupciones significativas en la prestación de servicios de salud mental.
Además, cualquier sustitución relacionada con ciertos servicios correccionales deberá pasar por un proceso de evaluación federal para garantizar el cumplimiento de las órdenes y estipulaciones vigentes.
La orden también destaca que Corrección utilizó recientemente el desempeño y las acreditaciones alcanzadas bajo la administración de Physician Correctional para justificar solicitudes presupuestarias, mientras simultáneamente avanzaba el proceso para reemplazarla.
Triunfo provisional, no decisión final
Physician Correctional ha alegado que la cancelación estuvo vinculada a consideraciones político-partidistas y no a deficiencias reales en la prestación de los servicios. El Gobierno, por su parte, sostiene que existió justa causa y que sus actuaciones estuvieron amparadas por el contrato y el ordenamiento jurídico.
Esas controversias permanecen pendientes y deberán resolverse mediante la presentación completa de prueba.
Por ahora, Physician Correctional consiguió su objetivo inmediato: conservar la operación, impedir que Corrección complete la sustitución y evitar que la agencia se adelante al resultado del pleito.
La decisión no pone fin al caso, pero representa una victoria procesal importante para la compañía. El contrato continúa vigente, el reemplazo queda detenido y el Gobierno tendrá que defender ante el tribunal la forma en que intentó terminar anticipadamente el acuerdo.
