WASHINGTON — El doctor Anthony Fauci, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia, se acogió este miércoles a la Quinta Enmienda durante una comparecencia ante el Senado y evitó contestar preguntas relacionadas con el origen del COVID-19, las investigaciones sobre coronavirus realizadas en China y el manejo de información científica durante la emergencia.
Fauci compareció bajo citación ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, presidido por el senador republicano Rand Paul, quien mantiene desde hace años una confrontación pública con el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Al comenzar la audiencia, Fauci comunicó que, por recomendación de sus abogados, no respondería las preguntas del comité. El médico sostuvo que la investigación legislativa forma parte de una campaña dirigida a construir un posible caso penal en su contra y acusó a Paul de mantener una persecución personal desde los primeros enfrentamientos entre ambos durante la pandemia.
Paul le formuló preguntas sobre el financiamiento federal de investigaciones con coronavirus, los trabajos realizados en Wuhan y las discusiones internas del gobierno estadounidense durante los primeros meses de la crisis sanitaria. Fauci declinó responder invocando repetidamente su derecho constitucional contra la autoincriminación.
La escena marcó un contraste con la exposición pública que mantuvo durante los años más críticos del COVID-19. Fauci compareció en numerosas ocasiones ante el Congreso, participó en conferencias de prensa y se convirtió en el principal portavoz científico del gobierno federal. Esta vez, frente a uno de sus críticos más persistentes, optó por guardar silencio.
La Quinta Enmienda protege a cualquier persona en Estados Unidos contra la obligación de ofrecer declaraciones que puedan utilizarse para incriminarla. Acogerse a esa garantía no constituye una confesión, una declaración de culpabilidad ni una prueba de que se cometió un delito. Su propósito es impedir que el gobierno obligue a una persona a convertirse en testigo contra sí misma.
La decisión de Fauci ocurre bajo una circunstancia legal poco común. Antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2025, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto preventivo por posibles delitos federales relacionados con su trabajo público desde enero de 2014 hasta la fecha en que se emitió el perdón presidencial.
Biden sostuvo en aquel momento que el indulto no debía interpretarse como reconocimiento de culpabilidad y que su intención era proteger a servidores públicos frente a posibles procesamientos motivados por represalias políticas.
El alcance de ese indulto se convirtió en uno de los principales puntos de disputa durante la audiencia. Paul argumentó que Fauci no podía utilizar la Quinta Enmienda para evitar preguntas sobre actuaciones ya cubiertas por el perdón presidencial, pues no enfrentaría riesgo de procesamiento por esos hechos.
La defensa de Fauci adoptó una posición distinta. Aunque un indulto puede impedir que una persona sea procesada por delitos federales anteriores incluidos dentro de su alcance, no ofrece inmunidad frente a conductas nuevas cometidas después de su emisión.
Una declaración deliberadamente falsa pronunciada bajo juramento ante el Senado podría originar una investigación independiente por perjurio. También podrían surgir consecuencias por ofrecer información falsa al Congreso, dependiendo de la naturaleza de la declaración, la intención de quien la realiza y las circunstancias de la comparecencia.
El perdón de Biden continuaría protegiendo los actos anteriores que cubre, pero no alcanzaría un supuesto delito cometido durante una audiencia celebrada en 2026. Esa diferencia ayuda a explicar por qué los abogados de Fauci le recomendaron no responder, incluso después de haber recibido una protección presidencial tan amplia.
El conflicto legal no está necesariamente resuelto. Los senadores republicanos podrían intentar impugnar la invocación de la Quinta Enmienda o impulsar procedimientos por desacato, mientras los abogados de Fauci sostienen que existe un riesgo real de que cualquier respuesta sea utilizada para desarrollar nuevas acusaciones. Una controversia de esa naturaleza podría terminar ante los tribunales.
Paul ha acusado durante años a Fauci de engañar al Congreso sobre investigaciones consideradas de “ganancia de función” y sobre la posible relación entre fondos estadounidenses y experimentos realizados en Wuhan. También sostiene que funcionarios sanitarios promovieron prematuramente la teoría de un origen natural del virus mientras discutían internamente la posibilidad de un accidente de laboratorio.
Fauci ha rechazado esas acusaciones y mantiene que no autorizó el financiamiento de investigaciones de ganancia de función en Wuhan en los términos planteados por sus críticos. Sus representantes también han afirmado que sus documentos y anotaciones privadas son compatibles con las posiciones que expresó públicamente durante la pandemia.
La audiencia no produjo respuestas nuevas sobre el origen del COVID-19, un asunto que continúa sin una conclusión definitiva y sobre el cual las propias agencias de inteligencia estadounidenses han mantenido evaluaciones diferentes.
Políticamente, el silencio de Fauci alimentará las sospechas de quienes entienden que el gobierno federal no ha explicado completamente lo ocurrido. Jurídicamente, sin embargo, invocar la Quinta Enmienda no prueba ninguna de las acusaciones presentadas en su contra.
La comparecencia dejó una imagen difícil de separar del debate que marcó a Estados Unidos durante la pandemia: el científico que durante años respondió públicamente sobre el virus decidió ahora que cualquier palabra pronunciada ante el Senado podía representar un riesgo mayor que su silencio.
La emergencia sanitaria terminó, pero la batalla por establecer responsabilidades, reconstruir las decisiones tomadas y definir cuánto sabía el gobierno durante las primeras etapas del COVID-19 permanece abierta.
