MANAGUA — Daniel Ortega dio un nuevo paso para fortalecer su permanencia en el poder al impulsar una reforma constitucional que ampliaría el mandato presidencial de seis a siete años y permitiría nuevas reelecciones, en un cambio que redefine el sistema político nicaragüense y reduce aún más las posibilidades de una competencia electoral real.
La propuesta, presentada por el oficialismo, también endurece las restricciones para aspirar a cargos públicos al impedir la participación de personas declaradas por el Estado como “traidoras a la patria”, una figura utilizada en los últimos años contra dirigentes opositores, periodistas, activistas, líderes religiosos y antiguos miembros del sandinismo que posteriormente rompieron con el gobierno.
La iniciativa surge días después de que Ortega afirmara públicamente que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones en las que la oposición pueda disputar el poder, una declaración que marca un giro definitivo en la evolución política del país y anticipa un modelo en el que la continuidad del gobierno dejaría de depender de una competencia electoral abierta.
Con el Frente Sandinista controlando ampliamente la Asamblea Nacional, la aprobación de la reforma luce prácticamente asegurada, lo que permitirá consolidar una estructura de poder construida durante casi dos décadas de gobierno ininterrumpido.
El proyecto fortalece además la posición de Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua y principal figura política junto a Ortega, reforzando la concentración del poder alrededor del núcleo familiar que dirige el Estado.
La reforma no solo prolonga la duración del mandato presidencial. También modifica el funcionamiento del sistema electoral al ampliar las facultades del Estado para excluir adversarios políticos y limitar el acceso de nuevos liderazgos a futuras contiendas.
Desde las protestas de 2018, Nicaragua ha experimentado una transformación profunda de su escenario político. Decenas de dirigentes opositores fueron encarcelados, numerosos periodistas abandonaron el país, partidos políticos perdieron su personería jurídica y miles de ciudadanos partieron al exilio mientras el gobierno consolidaba el control sobre las principales instituciones públicas.
Las elecciones celebradas posteriormente se realizaron sin la participación de los principales aspirantes opositores, lo que provocó fuertes cuestionamientos de gobiernos y organismos internacionales sobre las garantías democráticas en el país.
La nueva reforma profundiza esa tendencia y acerca a Nicaragua a un modelo en el que las elecciones continuarían existiendo, pero con un margen cada vez menor para que fuerzas políticas independientes puedan disputar efectivamente el poder.
Mientras el gobierno sostiene que los cambios buscan proteger la estabilidad nacional frente a intentos de desestabilización, sus críticos consideran que representan un nuevo paso hacia la eliminación de la alternancia democrática.
Si el proceso legislativo concluye como se anticipa, Nicaragua iniciará una nueva etapa constitucional caracterizada por mandatos presidenciales más extensos, mayores restricciones para la oposición y una concentración de poder sin precedentes desde el retorno de Ortega al gobierno en 2007.
