SAN JUAN – La controversia que tiene ante sí el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la validez de la Carta-Extensión de LUMA Energy podría tener consecuencias que trascienden ampliamente el futuro del operador de transmisión y distribución, en momentos en que la Isla enfrenta problemas persistentes de generación, una reconstrucción eléctrica multimillonaria y nuevos cuestionamientos sobre los procesos utilizados para contratar capacidad adicional.
El máximo foro judicial aceptó intervenir para determinar la validez jurídica de la Carta-Extensión que permitió la continuidad del acuerdo suplementario de LUMA, aunque dejó en el Tribunal de Primera Instancia el resto de las reclamaciones entre las partes.
La controversia coloca sobre la mesa una interrogante de mayor alcance: la certeza que ofrece Puerto Rico a empresas privadas que suscriben contratos de largo plazo con el Gobierno.
LUMA llegó a Puerto Rico mediante un proceso de alianza público-privada impulsado por el propio Gobierno para asumir la operación de transmisión y distribución y participar en la reconstrucción de una red devastada y deteriorada durante décadas.
Una eventual determinación de que el acuerdo que permitió su continuidad era nulo desde su origen podría tener repercusiones más allá del sector energético, particularmente sobre la percepción de Puerto Rico como jurisdicción para realizar inversiones de infraestructura de largo plazo.
La interrogante sería inevitable para cualquier futuro inversionista: ¿qué certeza ofrece un contrato negociado, aprobado y ejecutado por el Gobierno si años después el propio Estado argumenta que ese acuerdo nunca fue válido?
A esa discusión se suma otra preocupación: los miles de millones de dólares federales comprometidos para la reconstrucción del sistema eléctrico.
Durante los últimos años se han aprobado y desarrollado proyectos bajo la estructura operacional vigente. Una declaración de nulidad desde el origen podría generar interrogantes sobre la continuidad de esos proyectos y potencialmente provocar revisiones por parte de agencias federales sobre determinados desembolsos.
Entre los escenarios que podrían requerir evaluación estaría incluso la posibilidad de reclamaciones de devolución —conocidas como clawbacks— sobre determinados fondos previamente desembolsados si alguna agencia federal concluyera que procede hacerlo.
Ese escenario no sería automático y dependería de las condiciones particulares de cada programa y de las determinaciones de las agencias federales. Sin embargo, representa un riesgo que adquiere importancia ante la magnitud de los recursos destinados a reconstruir la red eléctrica.
También permanece una pregunta fundamental que hasta ahora no tiene una respuesta pública detallada: si LUMA sale, ¿quién asumiría inmediatamente la operación del sistema y la continuidad de los proyectos de reconstrucción?
La controversia ocurre, además, en momentos en que acontecimientos recientes han vuelto a poner el foco sobre otro componente del sistema eléctrico: la generación.
LUMA administra la transmisión y distribución de electricidad, mientras Genera PR opera la flota generatriz de la Autoridad de Energía Eléctrica. La diferencia resulta fundamental al momento de establecer responsabilidades por los apagones.
Durante julio, por ejemplo, la salida de unidades generatrices provocó relevos de carga que dejaron sin servicio a decenas de miles de abonados. En uno de esos eventos, la salida repentina de San Juan 6, operada por Genera, llevó a relevos que afectaron a más de 131,000 clientes.
En otro incidente, el propio Gobierno exigió explicaciones a Genera sobre una avería en Costa Sur que provocó la pérdida de unos 400 megavatios y apagones selectivos.
Los episodios ilustran una realidad básica del sistema: mejorar transmisión y distribución no resuelve por sí solo la insuficiencia de generación. Si las plantas no producen suficiente electricidad, el operador de la red no tiene energía suficiente que transmitir y distribuir.
Esto adquiere particular relevancia mientras el Gobierno concentra sus esfuerzos en terminar el contrato de LUMA. Una sustitución del operador de transmisión y distribución no añadiría por sí misma un solo megavatio de generación al sistema.
Las dificultades en generación han quedado nuevamente bajo escrutinio con el proceso de contratación de Power Expectations para añadir 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre.
El contrato enfrentó fuertes cuestionamientos durante su evaluación. La Junta de Supervisión Fiscal llegó a señalar dudas sobre la capacidad financiera del contratista, el proceso de due diligence, garantías financieras, planificación técnica y otros elementos del acuerdo.
La Junta advirtió que podía impedir la ejecución del acuerdo si sus preocupaciones no eran atendidas. Posteriormente, las entidades gubernamentales involucradas modificaron el acuerdo para atender los requerimientos del organismo fiscal, que finalmente autorizó su ejecución después de que se incorporaran cambios.
La Junta no declaró ilegal el contrato de Power Expectations. Sin embargo, el proceso dejó sobre la mesa cuestionamientos importantes sobre la planificación, contratación y ejecución de las soluciones que Puerto Rico necesita precisamente en el área donde persiste uno de sus mayores problemas: generar suficiente electricidad.
La controversia también coloca bajo escrutinio el papel del zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, Josué Colón Ortiz.
Colón ha sido una de las principales figuras del Gobierno en el proceso dirigido a terminar la relación contractual con LUMA. Al mismo tiempo, tuvo responsabilidades importantes en los esfuerzos gubernamentales para obtener nueva generación, incluyendo el proceso relacionado con Power Expectations.
El contraste plantea una pregunta de rendición de cuentas. Si el Gobierno exige resultados y una fiscalización rigurosa sobre la gestión de LUMA, el mismo estándar debería aplicarse a las decisiones y resultados obtenidos en el área de generación, particularmente cuando la contratación de nueva capacidad ha enfrentado cuestionamientos y Puerto Rico continúa experimentando eventos en los que la salida de unidades generatrices obliga a realizar relevos de carga.
La decisión que eventualmente emita el Tribunal Supremo tendrá consecuencias directas para las partes, pero su impacto potencial podría ser considerablemente mayor.
Está en juego la certeza jurídica de los contratos gubernamentales, la continuidad de una reconstrucción financiada con miles de millones de dólares federales y la estabilidad operacional de un sistema eléctrico que todavía enfrenta problemas importantes de generación.
Y existe una pregunta que probablemente cobrará mayor importancia a medida que avance el caso: ¿conviene provocar una nueva transición en transmisión y distribución, sin que exista públicamente un sustituto y un plan detallado de transición, mientras Puerto Rico todavía intenta resolver sus problemas de generación?
La respuesta del Supremo decidirá una controversia jurídica. Sus consecuencias, sin embargo, podrían sentirse durante años en el sistema eléctrico, la reconstrucción y la capacidad de Puerto Rico para atraer inversión privada.
