SAN JUAN — Josué Colón Ortiz ocupa hoy una de las posiciones más decisivas dentro de la política energética de Puerto Rico. Como zar de Energía y director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (P3A), encabeza precisamente una de las estructuras gubernamentales responsables de desarrollar y supervisar acuerdos entre el Gobierno y empresas privadas para manejar infraestructura crítica.
Ese rol adquiere mayor relevancia luego del colapso del contrato de Power Expectations y mientras P3A, junto a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), impulsa ante el Tribunal Supremo el esfuerzo para dejar sin efecto la extensión contractual bajo la cual LUMA continúa operando el sistema de transmisión y distribución.
Son controversias jurídicamente distintas, pero comparten un elemento que ahora resulta inevitable: la capacidad del Gobierno y de las entidades dirigidas por Colón para manejar, supervisar y eventualmente sustituir operadores privados responsables de componentes esenciales del sistema eléctrico.
Power Expectations: un proyecto de casi $5.9 mil millones que terminó cancelado
Power Expectations encabezó el consorcio seleccionado para desarrollar un proyecto de generación temporera de aproximadamente 400 megavatios, con un valor potencial cercano a los $5.9 mil millones durante diez años.
El proyecto terminó cancelado después de surgir serios cuestionamientos sobre la participación de Enchanted Rock, empresa cuya experiencia técnica, operacional y financiera había resultado importante para demostrar la capacidad del consorcio.
Enchanted Rock sostuvo posteriormente que no había autorizado su participación en el contrato y desconoció como representante autorizado a la persona cuya firma apareció finalmente en el acuerdo.
A esa controversia se añadió la sustitución posterior de Enchanted Rock por Flotek Industries y otro incumplimiento completamente independiente: la garantía contractual de aproximadamente $1.18 mil millones nunca fue entregada.
La Junta de Supervisión Fiscal terminó revocando su aprobación y la AEE notificó posteriormente la terminación del contrato.
El resultado dejó al país sin los 400 megavatios que ese proyecto pretendía incorporar y colocó bajo escrutinio no solamente al contratista, sino también los mecanismos gubernamentales utilizados para evaluar, supervisar y controlar un negocio de semejante magnitud.
P3A conocía la controversia
El expediente conocido hasta ahora establece que P3A y el proceso de contratación gubernamental tuvieron conocimiento institucional desde mediados de junio de las alegaciones formuladas por Enchanted Rock.
La Junta de Supervisión Fiscal sostuvo posteriormente que información importante relacionada con esas alegaciones no había sido incluida en respuestas anteriores suministradas por P3A y 3PPO.
La AEE, por su parte, sostuvo que conoció la controversia semanas después.
Todavía falta documentación para establecer qué información recibió personalmente Josué Colón en cada momento y qué instrucciones específicas impartió.
Sin embargo, su responsabilidad institucional resulta particularmente relevante por el cargo que ocupa.
Colón no dirige una agencia ajena a este tipo de acuerdos. Dirige precisamente la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, organismo diseñado para estructurar y supervisar relaciones entre el Gobierno y operadores privados.
El fracaso de Power Expectations se convierte así en una prueba directa sobre la efectividad de esos mecanismos de supervisión.
Del fracaso de generación al pleito contra LUMA
La controversia cobra todavía mayor importancia porque el mismo aparato gubernamental que enfrenta ahora las consecuencias de Power Expectations está impulsando simultáneamente un cambio potencialmente mucho mayor en transmisión y distribución.
P3A y la AEE forman parte del litigio mediante el cual el Gobierno pretende dejar sin efecto la extensión contractual que mantiene a LUMA operando el sistema.
El Tribunal Supremo deberá resolver los argumentos jurídicos de las partes. Pero una eventual victoria gubernamental abriría inmediatamente otro asunto: la transición hacia un nuevo operador o esquema de operación.
Ahí el historial reciente de ejecución gubernamental adquiere una importancia que trasciende el caso judicial.
El Gobierno no solamente tendría que demostrar que la extensión de LUMA es jurídicamente inválida. También tendría que demostrar que posee un proceso técnico, financiero y operacional capaz de manejar lo que ocurra después.
Y quienes tendrían participación central en ese proceso son algunas de las mismas estructuras gubernamentales que acaban de enfrentar el fracaso del proyecto de Power Expectations.
Dos componentes críticos del sistema eléctrico
Power Expectations pretendía atender parte del problema de generación.
LUMA opera transmisión y distribución.
No son el mismo contrato ni enfrentan las mismas controversias.
Pero ambos afectan dos de los pilares fundamentales del sistema eléctrico.
Puerto Rico enfrenta así la posibilidad de manejar simultáneamente las consecuencias del fracaso de un importante proyecto de generación y una eventual transición en transmisión y distribución.
Ese escenario aumenta el nivel de escrutinio sobre quienes dirigen la estrategia energética.
En el caso de Josué Colón, además, existe una controversia adicional relacionada con su propia actuación histórica en el proceso de extensión de LUMA.
P3A y la AEE han planteado judicialmente que quien entonces ocupaba la dirección ejecutiva de la AEE no avaló los términos de aquella extensión.
Ese funcionario era Colón.
LUMA, sin embargo, sostiene que Colón participó en la reunión de la Junta de Gobierno en la que se discutió la extensión, que no se opuso y que expresó que se estaba actuando conforme a las leyes vigentes.
El récord contemporáneo de aquella reunión deberá aclarar la diferencia entre ambas versiones.
La credibilidad administrativa queda en juego
El asunto que rodea ahora a Josué Colón trasciende cualquier controversia personal.
Se trata del récord administrativo de una de las personas con mayor poder sobre el futuro inmediato del sistema eléctrico.
Como zar de Energía dirige la estrategia energética del Gobierno. Como director ejecutivo de P3A encabeza una entidad cuya razón de ser incluye estructurar y supervisar alianzas con operadores privados.
Bajo esa estructura gubernamental acaba de colapsar un proyecto de 400 megavatios y hasta $5.9 mil millones.
Ahora esa misma estructura pretende participar en un proceso que podría terminar sustituyendo al operador privado responsable de transmisión y distribución.
El Gobierno tendrá derecho a defender ante el Tribunal Supremo su posición sobre la legalidad del contrato de LUMA, y LUMA tendrá derecho a defender la suya.
Pero el expediente de Power Expectations añadió otra dimensión al debate.
La capacidad para sustituir un operador privado no puede evaluarse únicamente por las razones ofrecidas para removerlo. También debe medirse por la capacidad demostrada de quienes tendrán que seleccionar, contratar, implementar y supervisar lo que venga después.
Después del colapso de Power Expectations, esa capacidad se ha convertido en uno de los principales asuntos que rodean la gestión de Josué Colón y la estrategia energética del Gobierno de Puerto Rico.
