SAN JUAN — Una iniciativa legislativa aprobada hace más de una década para dotar a la Policía de Puerto Rico de recursos permanentes destinados a tecnología, capacitación y desarrollo profesional terminó produciendo una paradoja difícil de explicar: el Gobierno recaudó aproximadamente $3.7 millones, pero nunca puso en funcionamiento el fideicomiso creado por ley para administrar y utilizar ese dinero.
Los fondos permanecen depositados en una cuenta bajo custodia del Departamento de Hacienda y, según la información revelada como resultado de gestiones de fiscalización de la senadora Joanne Rodríguez Veve, no han sido utilizados durante aproximadamente once años.
La controversia tiene su origen en 2014 y en una iniciativa que nació en la Cámara de Representantes.
El Proyecto de la Cámara 1854 fue presentado durante la presidencia cameral de Jaime Perelló Borrás, a nombre de la delegación del Partido Popular Democrático, como parte de un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la seguridad pública.
La propuesta terminó convertida en la Ley 140-2014, conocida como la Ley para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico.
Su propósito era concreto: establecer una fuente de recursos que permitiera mejorar el equipo tecnológico de la Policía, ampliar el adiestramiento de sus miembros y fortalecer su desarrollo profesional en momentos en que la uniformada atravesaba uno de los procesos de reforma más importantes de su historia.
La legislación creó para ello un Fondo y dispuso la constitución de un fideicomiso que tendría la responsabilidad de administrar esos recursos.
Parte del dinero provendría de recaudos vinculados a determinadas multas de tránsito y de conducir bajo los efectos del alcohol, además de otras fuentes contempladas por el estatuto.
La intención legislativa iba más allá de recaudar dinero.
El fideicomiso pretendía establecer una estructura que protegiera los recursos, garantizara su utilización para los propósitos establecidos por ley y proporcionara continuidad al programa independientemente de los cambios de administración gubernamental.
El dinero comenzó a llegar.
El fideicomiso, sin embargo, nunca comenzó a funcionar.
Once años sin utilizar el dinero
La dimensión del problema comenzó a conocerse después de que Rodríguez Veve emprendiera gestiones para determinar qué había ocurrido con la Ley 140 y los recursos que debían haberse generado bajo sus disposiciones.
Durante 2025, la controversia llegó incluso a los tribunales luego de que la senadora reclamara información al Departamento de Seguridad Pública y al Negociado de la Policía.
Las respuestas obtenidas entonces apuntaban a que el fideicomiso nunca se había constituido.
Pero quedaba una pregunta fundamental: qué había ocurrido con el dinero.
Un referido presentado por Rodríguez Veve ante la Oficina del Contralor abrió un nuevo capítulo.
La investigación confirmó la existencia de una cuenta activa asociada al Fondo y un balance aproximado de $3.7 millones proveniente del cobro de multas de tránsito.
Los fondos están allí.
No fueron gastados, desviados ni, según lo establecido hasta ahora, malversados.
Simplemente nunca pudieron utilizarse para el propósito que motivó su recaudación porque el mecanismo administrativo creado por la propia ley no llegó a constituirse.
Nunca se organizó formalmente el fideicomiso y tampoco se nombró la estructura de fiduciarios que debía administrarlo.
El resultado fue que durante más de una década millones de dólares destinados al mejoramiento de la Policía permanecieron inmovilizados mientras la agencia enfrentaba necesidades de tecnología, equipo, capacitación y profesionalización.
Una ley que sobrevivió en una cuenta bancaria
La historia expone una peculiar falla de ejecución gubernamental.
La Asamblea Legislativa aprobó la política pública. El gobernador convirtió el proyecto en ley. Se establecieron las fuentes de financiamiento. El Gobierno comenzó a recibir dinero.
Lo que nunca ocurrió fue el último paso: ejecutar la estructura que permitiera utilizarlo.
El caso adquiere particular relevancia porque la Ley 140 no dejó el fideicomiso como una idea abstracta. Estableció una estructura administrativa en la que participarían funcionarios gubernamentales, incluyendo representantes de la Policía, Justicia y Hacienda, además de miembros que debían ser nombrados para completar el organismo.
Sin esa estructura, el dinero continuó acumulándose sin cumplir su finalidad.
Rodríguez Veve sostiene que la existencia de responsabilidades compartidas entre varios funcionarios no elimina la obligación gubernamental de haber ejecutado la ley y ha cuestionado que después de once años no puedan identificarse responsables por la inacción.
La Oficina del Contralor, por su parte, no determinó que hubiera pérdida, malversación o desvío de los recursos.
Esa diferencia es importante.
El escándalo no está, hasta el momento, en que hayan desaparecido $3.7 millones.
Está en que el dinero nunca llegó a la Policía para aquello que la ley ordenó.
Falta todavía conocer cuánto debió recaudarse
La aparición de la cuenta tampoco cierra la investigación.
Ahora surge una pregunta posiblemente mayor: si los aproximadamente $3.7 millones representan realmente todo el dinero que debió ingresar al Fondo desde 2014.
Rodríguez Veve ha anunciado que reclamará a Hacienda y otras entidades el historial completo de depósitos para reconstruir los recaudos y compararlos con las distintas fuentes de financiamiento establecidas originalmente por la ley.
Esa revisión será determinante.
Hasta que se complete, no puede establecerse que $3.7 millones sea necesariamente la cantidad total que debió acumularse durante la vigencia del mecanismo.
La senadora también anticipó legislación para rescatar los recursos existentes y dirigirlos finalmente hacia sus propósitos originales: tecnología, adiestramiento y profesionalización de la Policía.
Una iniciativa de 2014 que nunca llegó a la calle
El descubrimiento devuelve también atención a una pieza prácticamente olvidada de la historia legislativa del país.
La iniciativa nació en la Cámara de Representantes durante la presidencia de Jaime Perelló Borrás. El P. de la C. 1854 formó parte de una agenda legislativa de seguridad pública presentada en 2014 y buscaba crear una fuente permanente de recursos para modernizar la Policía.
Doce años después, aquella legislación vuelve a ser noticia por una razón completamente distinta a la que imaginaron sus autores.
El mecanismo financiero funcionó lo suficiente para acumular millones.
El mecanismo gubernamental encargado de utilizarlos, no.
Mientras distintas administraciones se sucedieron en La Fortaleza y cambiaron los funcionarios responsables de las agencias concernidas, la cuenta permaneció con dinero que tenía un destino establecido por ley.
La investigación que ahora comienza a profundizarse deberá reconstruir cómo una política pública aprobada por la Asamblea Legislativa pudo permanecer durante más de una década sin ejecutarse plenamente y por qué ninguna administración corrigió la situación.
También deberá determinar cuánto dinero debió ingresar realmente al Fondo y qué ocurrirá ahora con los $3.7 millones identificados.
La historia, por tanto, no es la de millones desaparecidos.
Puede resultar institucionalmente más reveladora.
El dinero estaba allí.
La ley también.
Lo que durante once años faltó fue ponerla en funcionamiento.
