SAN JUAN (CyberNews) – El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, informó el viernes que solicitó al congresista republicano Paul Gosar reconsiderar su petición para que la Junta Fiscal impugne la Ley 215 de 2024 y cuestione su validez bajo PROMESA.
“Compartimos el interés de que cada dólar destinado a la reconstrucción se utilice de manera responsable, pero eliminar ingresos municipales sin identificar cómo se sustituirán puede reducir nuestra capacidad para mantener carreteras, atender emergencias, manejar desperdicios, realizar inspecciones y ofrecer seguridad. Si el Congreso entiende que determinados proyectos financiados con fondos federales deben estar exentos de contribuciones estatales o municipales, tiene la facultad para establecerlo mediante legislación. Lo que no debe ocurrir es utilizar PROMESA o la Junta Fiscal para imponer una exención contributiva que el Congreso no ha aprobado”, expresó Hernández Rodríguez en una carta enviada el jueves.
Gosar, congresista por Arizona, había escrito el 18 de agosto al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, para pedir acción contra la ley que regula el cobro de arbitrios municipales de construcción.
Según el legislador federal, la Ley 215 permite utilizar fondos federales de recuperación para pagar arbitrios, aumenta el costo de las obras y desvía dinero destinado a la reconstrucción.
Apoyado en una comunicación de la Junta de diciembre de 2025, Gosar sostuvo que la legislación pone en riesgo cerca de 4,000 millones de dólares en fondos federales. También concedió al organismo hasta el 15 de septiembre para responder cuatro preguntas relacionadas con el asunto.
Como parte de sus objeciones, el congresista señaló que un municipio utilizó cerca de 4 millones de dólares recaudados mediante esos arbitrios para sufragar gastos de la Policía Municipal. Además, mencionó contratos otorgados en Humacao por aproximadamente 500,000 dólares para festivales, entretenimiento y producción.
Frente a esos planteamientos, Hernández Rodríguez distinguió entre la fiscalización del dinero federal y la facultad contributiva que las leyes de Puerto Rico delegan a los municipios.
El también alcalde de Camuy rechazó que la Ley 215 creara un arbitrio nuevo y sostuvo que esa contribución forma parte del sistema fiscal municipal desde 1996.
A su juicio, tampoco debe atribuirse únicamente al arbitrio el aumento en los costos de reconstrucción, pues las obras enfrentan gastos relacionados con aranceles, contribuciones, materiales importados, transportación, seguros, inflación y requisitos regulatorios.
“Si el Congreso determina que los fondos federales para recuperación de desastres deben estar exentos de ciertas contribuciones federales, estatales o municipales, esa política debe establecerse mediante legislación federal específica, debidamente presentada, debatida y aprobada por el Congreso”, indicó Hernández Rodríguez.
La Federación solicitó además que los municipios participen en cualquier discusión sobre medidas que puedan reducir sus ingresos y afectar su capacidad para sostener la infraestructura reconstruida con fondos federales.
