SAN JUAN — Las objeciones expresadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Energía Eléctrica al proyecto Esencia han colocado sobre la mesa una discusión que trasciende el desarrollo turístico propuesto para Cabo Rojo: ¿hasta qué punto las limitaciones de la infraestructura pública deben convertirse en un freno para nuevas inversiones en Puerto Rico?
La respuesta de los desarrolladores ha sido apostar por otro modelo.
Esencia sostiene que ha diseñado el proyecto para operar con un alto grado de autosuficiencia, desarrollando infraestructura propia para atender sus necesidades de agua y electricidad en lugar de depender de sistemas públicos cuya capacidad y confiabilidad han sido cuestionadas durante años.
Durante vistas públicas legislativas, tanto la AAA como la AEE expresaron reservas y objeciones relacionadas con el proyecto. En el caso del agua, quedó planteada la limitada capacidad de la infraestructura existente para atender una demanda de esta magnitud.
Pero esa realidad, lejos de sorprender a los desarrolladores, forma parte del problema que aseguran haber anticipado desde el diseño.
Esencia plantea que no utilizará el sistema de la AAA como fuente para suplir sus necesidades ordinarias de agua. Su propuesta contempla una combinación de fuentes subterráneas, captación de lluvia, tratamiento y reutilización de aguas usadas y, de ser necesario, desalinización mediante un sistema de ósmosis inversa.
El proyecto estima que podría captar aproximadamente 1.5 millones de galones diarios de fuentes disponibles en la zona y complementarlos mediante sus demás mecanismos de conservación, tratamiento y reutilización.
La propuesta energética responde a una filosofía similar.
Los desarrolladores aseguran que Esencia producirá su propia electricidad y dispondrá de sistemas de respaldo para mantener sus operaciones durante emergencias o interrupciones de la red.
Incluso plantean una relación con el sistema eléctrico distinta a la de un consumidor convencional.
Según el diseño presentado por el proyecto, la interconexión con la infraestructura pública estaría dirigida a permitir que Esencia pueda transferir excedentes de energía hacia la red en determinadas circunstancias, incluyendo situaciones de emergencia, en lugar de depender de ella como su fuente principal.
Ese planteamiento convierte las objeciones de las corporaciones públicas en parte de una discusión mucho mayor sobre el futuro del desarrollo económico.
Puerto Rico necesita atraer capital y generar empleos mientras enfrenta simultáneamente una infraestructura de agua y electricidad que durante años ha mostrado serias limitaciones.
Los ciudadanos y las empresas conocen esa realidad.
Las interrupciones eléctricas han provocado que miles de familias y comercios recurran a placas solares, baterías y generadores para garantizar continuidad. En el servicio de agua, averías, problemas de presión e interrupciones también forman parte de la experiencia cotidiana de numerosas comunidades.
Pretender entonces que todo nuevo desarrollo dependa exclusivamente de esa infraestructura pública puede terminar convirtiendo las propias deficiencias del Estado en una barrera para la inversión.
Esencia intenta romper con esa dependencia.
El planteamiento no significa que un proyecto privado pueda operar al margen de la fiscalización gubernamental.
Todo lo contrario.
Los desarrolladores tendrán que demostrar que las fuentes de agua propuestas son sostenibles, que cualquier extracción no perjudicará los recursos disponibles para las comunidades, que los sistemas de tratamiento y reutilización cumplen con las normas aplicables y que la generación eléctrica y cualquier interconexión satisfacen los requisitos técnicos, ambientales y regulatorios.
La autosuficiencia tendrá que probarse.
Pero existe una diferencia importante entre fiscalizar las soluciones propuestas y exigir que un proyecto dependa de sistemas públicos que reconocen sus propias limitaciones.
Ahí está el verdadero debate.
Inversión antes que incentivos
El modelo presentado por Esencia también busca responder a otra de las controversias que ha acompañado al proyecto: los incentivos turísticos.
Según la documentación del desarrollo, Esencia no ha recibido dinero del Gobierno y los beneficios contemplados dependen del cumplimiento de determinadas condiciones.
El desarrollador tendría que realizar primero la inversión, completar la correspondiente fase hotelera, obtener las certificaciones requeridas, operar comercialmente durante el período establecido y demostrar de manera auditable la creación de los empleos proyectados antes de poder reclamar determinados beneficios.
Es decir, el riesgo inicial de la inversión recae sobre el desarrollador.
Ese elemento cobra importancia dentro de una propuesta que pretende insertar una inversión de gran escala en una región que históricamente ha reclamado mayor actividad económica y turística.
Cuando el Estado no puede suplir, el desarrollo busca alternativas
La controversia alrededor de Esencia expone finalmente una contradicción que Puerto Rico tendrá que enfrentar.
El país necesita inversión privada para crear empleos, ampliar su base económica y desarrollar nuevas oportunidades. Pero simultáneamente posee infraestructura pública que no siempre puede acompañar esas inversiones.
Si la respuesta ante cada limitación de agua o electricidad es impedir nuevos proyectos, la ineficiencia de los sistemas públicos termina determinando hasta dónde puede crecer Puerto Rico.
La alternativa es permitir que proyectos con capacidad económica desarrollen soluciones propias, siempre que demuestren técnicamente que son viables y que no perjudicarán a las comunidades ni a los recursos naturales.
Eso es lo que Esencia propone.
No pedir más agua a un sistema que enfrenta limitaciones, sino producir y reutilizar la suya.
No depender de una red eléctrica vulnerable, sino desarrollar generación y respaldo propios.
Y no convertir las deficiencias de las corporaciones públicas en una razón para detener una inversión privada antes de evaluar si existen alternativas capaces de hacerla viable.
Las objeciones de la AAA y la AEE forman parte legítima del proceso regulatorio y deberán ser atendidas. Pero el hecho de que esas corporaciones no puedan garantizar determinada capacidad tampoco puede convertirse automáticamente en sentencia final sobre el proyecto.
La prueba decisiva para Esencia será demostrar que puede cumplir lo que propone.
Si sus desarrolladores prueban que pueden garantizar agua y energía mediante infraestructura propia, cumplir las exigencias ambientales y proteger los recursos de las comunidades, Puerto Rico estará ante una discusión que supera por mucho los límites de Cabo Rojo.
Será una discusión sobre qué hacer cuando la inversión privada está preparada para avanzar, pero la infraestructura del Estado no puede seguirle el paso.
El desarrollo económico de Puerto Rico necesita controles y protección ambiental. También necesita soluciones.
El país no puede quedar indefinidamente rehén de las deficiencias de su propia infraestructura.
