MADRID / CEUTA — Una entrada migratoria extraordinaria desde Marruecos ha convertido a Ceuta en el centro de una de las crisis fronterizas más serias que enfrenta España en años recientes, obligando al Gobierno de Pedro Sánchez a responder simultáneamente a una emergencia humanitaria, un problema de seguridad nacional y una creciente controversia política que ahora también toca a la figura del rey Felipe VI.
Ceuta está geográficamente en África, pero jurídica y políticamente es España. La ciudad comparte frontera terrestre con Marruecos y constituye, además, una de las puertas exteriores de la Unión Europea en el continente africano.
La llegada irregular de decenas de miles de personas desde territorio marroquí alteró profundamente la vida de una ciudad cuya población ronda los 80,000 habitantes. Miles cruzaron o intentaron cruzar la frontera, muchos por mar, mientras las autoridades españolas tuvieron que movilizar recursos extraordinarios para atender una situación que rápidamente superó la capacidad ordinaria de respuesta.
La crisis afectó los sistemas de acogida, identificación y atención de migrantes, planteó un desafío particular respecto a menores y personas vulnerables y obligó a reforzar los mecanismos de seguridad fronteriza. La magnitud del episodio llevó al Gobierno español a declarar a Ceuta en situación de interés para la seguridad nacional.
Detrás de la emergencia humanitaria existe también una dimensión geopolítica.
Quien cruza desde Marruecos hacia Ceuta no está simplemente entrando en una ciudad vecina. Está atravesando una frontera internacional para ingresar en territorio español y, con las particularidades jurídicas aplicables a Ceuta, en territorio de la Unión Europea.
El Gobierno español ha reforzado el control fronterizo y adoptado medidas para impedir nuevas entradas irregulares, mientras insiste en que determinados mensajes difundidos durante la crisis presentaron de forma engañosa decisiones judiciales españolas como si hubiesen abierto una vía para entrar en Ceuta y luego desplazarse hacia la península o el resto de Europa.
Pedro Sánchez ha descartado además que existan pruebas de que el Gobierno de Marruecos organizara la entrada masiva y ha defendido la cooperación posterior de Rabat con las autoridades españolas.
Ese elemento es particularmente sensible porque Marruecos no es únicamente el país vecino desde cuyo territorio se produjeron las entradas. Es también un socio clave para España en el control migratorio y, al mismo tiempo, el Estado que mantiene una histórica reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla.
España rechaza esa reclamación.
Ceuta forma parte del Reino de España, posee desde 1995 el estatuto particular de Ciudad Autónoma y dispone de Asamblea, Gobierno y presidente propios. Esa autonomía no supone una soberanía separada. La defensa, las relaciones internacionales, la nacionalidad y el control fronterizo corresponden al Estado español.
Sus ciudadanos españoles tienen la misma nacionalidad que quienes viven en Madrid, Barcelona, Sevilla o Canarias. Utilizan documentación española, participan en elecciones nacionales y están sujetos a la Constitución y a las leyes españolas.
La historia de Ceuta añade otra capa a la controversia.
La ciudad fue conquistada por Portugal en 1415. Posteriormente quedó vinculada a la Monarquía Hispánica y, cuando Portugal recuperó su independencia, Ceuta permaneció bajo soberanía española. Portugal reconoció formalmente esa situación mediante el Tratado de Lisboa de 1668.
España utiliza esa cronología, entre otros argumentos, para rechazar que Ceuta pueda equipararse sin más a los territorios africanos del posterior periodo colonial europeo. Marruecos mantiene una interpretación distinta y continúa reivindicando tanto Ceuta como Melilla.
En la práctica actual, sin embargo, España ejerce plenamente la soberanía y administración de la ciudad.
La crisis migratoria abrió además un frente especialmente delicado cuando Sánchez se refirió públicamente a una eventual visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla.
El presidente del Gobierno sostuvo que existen razones suficientes para que el monarca visite ambas ciudades y afirmó que esa visita se producirá cuando existan las condiciones apropiadas.
La formulación provocó una controversia inmediata porque Felipe VI no forma parte del Gobierno.
Es el jefe del Estado.
España es una monarquía parlamentaria y la Corona ocupa una posición constitucional distinta a la del Ejecutivo. El Gobierno administra, desarrolla su programa político y responde ante el Parlamento y los ciudadanos por sus decisiones. La Corona representa la continuidad institucional del Estado y está llamada a mantenerse por encima de la competencia partidista.
Precisamente por eso cualquier actuación del Rey relacionada con Ceuta tiene un significado que supera ampliamente el protocolo.
Una visita de Felipe VI sería la presencia del jefe del Estado español en una parte del territorio nacional cuya soberanía Marruecos continúa reivindicando.
Ese simbolismo exige prudencia.
La discusión no gira en torno a si el Rey puede o no visitar Ceuta. Como jefe del Estado español, su presencia allí tendría plena legitimidad institucional.
El punto delicado está en convertir públicamente una eventual visita real en parte de la estrategia política del Gobierno o en un elemento de confrontación con la oposición.
La Corona no debe quedar atrapada en esa dinámica.
Felipe VI no representa al Partido Socialista, al Partido Popular ni a ninguna otra formación. Representa al Estado español.
Por eso, la fortaleza de la institución reside precisamente en que sus decisiones se preserven de la pelea política cotidiana y no sean presentadas como victorias o derrotas de un gobierno concreto.
La reacción de la oposición reflejó precisamente esa preocupación. El Partido Popular acusó a Sánchez de introducir políticamente al monarca en una controversia que corresponde administrar al Ejecutivo.
En cuestión de horas, una eventual visita de Felipe VI quedó convertida en objeto de discusión entre Gobierno y oposición.
El Rey quedó en medio de una polémica que no había provocado.
La última visita de un monarca español a Ceuta se produjo en 2007, cuando Juan Carlos I y la reina Sofía viajaron a Ceuta y Melilla. Marruecos reaccionó entonces con fuerte malestar.
Felipe VI accedió al trono en 2014 y todavía no ha realizado como Rey una visita equivalente a ambas ciudades autónomas.
Hacerlo ahora, en medio de una crisis migratoria originada en la frontera marroquí y cuando Madrid necesita mantener cooperación con Rabat, tendría inevitablemente un enorme contenido institucional y diplomático.
Precisamente por eso una decisión de esa magnitud debe manejarse como un asunto de Estado.
No como una pieza de la confrontación política diaria.
La crisis también vuelve a colocar sobre la mesa la inevitable comparación con Gibraltar.
España rechaza la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla mientras mantiene su histórica reclamación sobre Gibraltar, territorio situado en el extremo sur de la península ibérica bajo soberanía británica.
Madrid sostiene que ambos casos son jurídicamente diferentes. Gibraltar fue cedido a Gran Bretaña mediante el Tratado de Utrecht de 1713 y permanece incluido por Naciones Unidas entre los territorios no autónomos. España considera, en cambio, que Ceuta forma parte integral de su territorio nacional y rechaza que tenga una condición colonial pendiente de descolonización.
Marruecos no comparte esa interpretación.
La crisis actual demuestra que una ciudad de apenas unos 20 kilómetros cuadrados puede producir consecuencias políticas y diplomáticas muy superiores a su tamaño.
En Ceuta convergen hoy inmigración, seguridad, soberanía, relaciones con Marruecos, política interna española y control de una frontera exterior europea.
El Gobierno tiene la responsabilidad de explicar cómo se produjo una entrada migratoria de semejante magnitud, cómo se gestionó la emergencia y qué mecanismos impedirán que vuelva a ocurrir.
La Corona tiene otra responsabilidad.
Representar la continuidad y la estabilidad del Estado precisamente en momentos en que la política atraviesa situaciones de máxima tensión.
Y cuanto mayor sea la controversia alrededor de Ceuta, mayor debe ser el cuidado para preservar a Felipe VI de cualquier intento de convertir la jefatura del Estado en instrumento de confrontación partidista.
Ceuta está en África, pero es España.
Su frontera es frontera española.
Su seguridad compromete al Estado español.
Y si Felipe VI visita eventualmente la ciudad, su presencia debería responder a la institucionalidad de la Corona y al interés del Estado, no a la necesidad política de ningún gobierno de turno.
En una crisis donde prácticamente todo ha terminado convertido en materia de confrontación, la Corona debe continuar siendo precisamente lo contrario: una institución de España por encima de la batalla política del momento.
