SAN JUAN — El Gobierno de Puerto Rico ha llevado hasta el Tribunal Supremo su ofensiva para invalidar la extensión contractual que mantiene a LUMA operando el sistema eléctrico. Pero el propio planteamiento gubernamental deja expuesta una contradicción difícil de obviar: quiere terminar el vínculo que permite la permanencia del operador, mientras depende de LUMA para sostener el sistema durante una transición para la cual no identifica un sustituto listo para asumir.
Ese es el problema que emerge del alegato presentado por la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica.
El Gobierno sostiene que la Carta-Extensión otorgada en noviembre de 2022 es nula y solicita que se reconozca la terminación del acuerdo suplementario. Sin embargo, cuando llega el momento de explicar qué ocurriría después, su solución descansa en activar las disposiciones contractuales de transición y mantener determinadas obligaciones de LUMA mientras se produce el relevo.
En términos jurídicos, el Gobierno presenta una ruta.
En términos operacionales, queda una pregunta mucho más complicada: ¿quién sustituye a LUMA?
El alegato no identifica un nuevo operador seleccionado y contratado para asumir inmediatamente la transmisión y distribución de energía eléctrica. Tampoco presenta una entidad preparada para recibir el sistema al momento en que el Supremo eventualmente declare nula la extensión.
En cambio, plantea una transición durante la cual LUMA tendría que cooperar con el traspaso de información, sistemas, documentos y otras responsabilidades necesarias para que eventualmente otro operador pueda asumir.
Incluso se contempla que determinadas obligaciones de transición puedan prolongarse durante meses.
La situación expone una diferencia fundamental entre tener una estrategia para terminar una relación contractual y tener preparado el reemplazo de quien actualmente opera el sistema.
El Gobierno ha desarrollado extensamente la primera.
Su propio alegato no demuestra que tenga resuelta la segunda.
Y esa ausencia adquiere mayor dimensión cuando se considera que no se trata de sustituir un contratista ordinario. LUMA administra la transmisión y distribución de electricidad de Puerto Rico. Cualquier cambio requiere personal, conocimiento operacional, sistemas tecnológicos, capacidad financiera, coordinación y una estructura capaz de asumir una de las operaciones públicas más complejas del país.
Por eso resulta particularmente llamativo que el Gobierno solicite al máximo foro judicial que invalide la extensión mientras su alternativa inmediata continúa dependiendo del operador cuya permanencia pretende terminar.
La contradicción es política y operacional, aunque jurídicamente el Gobierno sostenga que las obligaciones de transición sobreviven y pueden utilizarse precisamente para garantizar continuidad.
Pero una cláusula de transición no es un operador sustituto.
Tampoco constituye, por sí sola, un plan operacional completo para administrar el sistema eléctrico después de LUMA.
El Gobierno puede argumentar ante el Supremo que existen mecanismos jurídicos suficientes para evitar una salida abrupta. Lo que no aparece resuelto en su planteamiento es quién recibe finalmente las llaves del sistema, cuándo estaría preparado para hacerlo y bajo qué estructura comenzaría a operar.
Esa realidad coloca al Tribunal Supremo ante algo mucho más serio que una discusión abstracta sobre la validez de una carta firmada en 2022.
El Gobierno está pidiendo una decisión con consecuencias inmediatas sobre la operación eléctrica de Puerto Rico sin presentar ante el Tribunal un sustituto listo para asumirla.
Puede existir un mecanismo contractual para transitar.
Lo que todavía no aparece es hacia quién se transita.
Puerto Rico tiene ante el Supremo una estrategia para sacar a LUMA.
Lo que el propio alegato no demuestra es que el Gobierno tenga listo el plan para sustituirla.
Y al final, detrás de cientos de páginas de argumentos jurídicos, queda una pregunta extraordinariamente sencilla:
¿Quién opera el sistema el día después de LUMA?
