SAN JUAN — Una tarjeta electoral no oficial que un elector aseguró haber obtenido en un comité político en Arecibo terminó este martes en manos del Departamento de Justicia.
La Comisión Estatal de Elecciones ordenó referir inmediatamente el expediente a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, luego de concluir que la información recopilada tiene suficiente seriedad y especificidad para ser evaluada por las autoridades con competencia investigativa.
El incidente ocurrió el 4 de agosto durante una feria de servicios electorales en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Un elector llegó para solicitar un duplicado de su Tarjeta de Identificación Electoral y funcionarios de la CEE advirtieron que la identificación que llevaba no era una tarjeta oficial.
Un detalle levantó todavía más interrogantes: la tarjeta no contenía información alguna en el dorso.
Cuando los funcionarios le preguntaron dónde la había obtenido, el elector indicó, en presencia de oficiales electorales, que procedía del comité municipal del candidato a alcalde de Arecibo por el PNP en las elecciones de 2024.
La tarjeta fue retenida y el incidente quedó consignado por escrito en documentos oficiales de la Junta de Inscripción Permanente de Arecibo.
El caso llegó posteriormente a la Presidencia de la CEE mediante una comunicación del representante por acumulación Ramón Torres Cruz, quien solicitó una investigación administrativa y que el asunto fuera referido a Justicia.
La Comisión determinó inicialmente que la comunicación no reunía los requisitos para convertirse en una querella electoral formal. Sin embargo, al examinar información adicional —incluyendo fotografías, relatos de funcionarios y documentos oficiales de la JIP— concluyó que el asunto no podía quedarse ahí.
La CEE no determinó que la tarjeta hubiera sido utilizada para votar fraudulentamente. Tampoco adjudicó quién la fabricó, quién la distribuyó ni encontró en esta etapa conducta ilegal atribuible a sus funcionarios.
Pero la existencia de una identificación electoral no oficial y la versión ofrecida sobre su procedencia fueron suficientes para activar el referido.
El Código Electoral establece consecuencias criminales para quien confeccione, altere, falsifique, imite, transfiera o utilice ilegalmente una tarjeta de identificación electoral. Será ahora Justicia quien tendrá que determinar si los hechos documentados encajan dentro de alguna conducta delictiva.
Torres Cruz reclamó que el referido penal no cierre el asunto dentro de la CEE y pidió que continúe una investigación administrativa dirigida a establecer el origen y alcance de las tarjetas.
“Aquí no puede haber zonas grises ni apellidos protegidos”, sostuvo el legislador popular, quien reclamó una fiscalización que alcance desde las estructuras locales de la Comisión hasta el Departamento de Justicia.
El representante quiere que la investigación determine cuántas tarjetas pudieron haberse producido, dónde se encontraba el equipo utilizado para imprimirlas, quién pudo haberlo operado y con qué propósito fueron preparadas.
Ese planteamiento cobra relevancia porque la propia resolución explica que una tarjeta oficial de la CEE contiene múltiples elementos de seguridad y que la información variable del elector se imprime utilizando equipos autorizados para esos fines.
La Comisión también dejó claro que la aparición de una tarjeta no oficial no significa que esta pudiera utilizarse automáticamente para votar. El sistema mantiene mecanismos adicionales para validar la identidad del elector y verificar su información electoral.
Pero eso no resuelve el problema que ahora tiene Justicia sobre su escritorio.
El referido busca precisamente determinar cómo apareció una tarjeta que imitaba una identificación electoral oficial, quién estuvo detrás de su producción y si existió una conducta que viole el Código Electoral.
Torres Cruz también puso bajo escrutinio el manejo inicial del incidente en Arecibo. Señaló que la Comisión Local del Precinto 026 no lo atendió durante su reunión del 13 de agosto y que su próxima reunión está pautada para el 24 de septiembre.
“Un mes y medio después, la Comisión Local todavía no ha atendido esto. Ese silencio también hay que explicarlo”, sostuvo.
La resolución firmada por el presidente de la CEE, Jorge Rafael Rivera Rueda, mueve ahora el caso fuera de la discusión exclusivamente electoral y lo coloca en terreno investigativo.
La CEE no adjudicó culpabilidad. Pero tampoco cerró el expediente. Lo envió a Justicia.
