SAN JUAN — El Gobierno quiere convencer al Tribunal Supremo de que el proceso utilizado para extender a LUMA estuvo mal hecho. Pero llega a esa batalla cargando su propio problema contractual: Power Expectations.
El contraste comienza a convertirse en una de las preguntas más incómodas para la política energética de la administración.
En el pleito de LUMA, el Gobierno sostiene que la extensión debe ser declarada nula porque el proceso utilizado para aprobarla incumplió requisitos legales que debieron observar las propias estructuras gubernamentales.
No se acusa a LUMA de haber fabricado aquella extensión. El argumento es que el Gobierno no la aprobó correctamente.
Mientras ese planteamiento llega al Supremo, la administración actual viene del colapso de Power Expectations.
Se trataba de un contrato para añadir 400 megavatios de generación en Aguirre que podía alcanzar aproximadamente $5,900 millones durante diez años.
Terminó cancelado.
La controversia explotó después de surgir cuestionamientos sobre la participación de Enchanted Rock y el alegado uso no autorizado del nombre de esa compañía y una firma.
La Junta de Supervisión retiró su aprobación y posteriormente la AEE terminó el contrato.
No existe base para afirmar que funcionarios del Gobierno falsificaron una firma. Pero el episodio dejó preguntas serias sobre los controles, verificaciones y filtros utilizados durante el proceso contractual.
Y ese problema de credibilidad llega en el peor momento posible.
Porque si el Gobierno prevalece contra LUMA, eventualmente tendrá que manejar otra decisión gigantesca: seleccionar quién operará la transmisión y distribución eléctrica del país.
Los dos casos no son iguales. Pero el punto de comparación tampoco necesita que lo sean.
En uno, el Gobierno afirma que una administración anterior manejó incorrectamente un proceso. En el otro, el Gobierno actual terminó con uno de sus principales contratos energéticos cancelado en medio de un revolú que todavía provoca interrogantes.
Y ahora pretende administrar el próximo gran proceso.
Eso cambia la pregunta.
Ya no basta con preguntar quién sustituirá a LUMA. También hay que preguntar cómo se escogerá, quién verificará las representaciones de los proponentes, qué controles se utilizarán y qué aprendió el Gobierno después de Power Expectations.
Porque sustituir al operador de transmisión y distribución sería una decisión muchísimo mayor.
Y después de lo ocurrido en Aguirre, un “confíen en nosotros” difícilmente será suficiente.
