DORADO — Detrás de la batalla judicial entre Federico Stubbe y Gerard Gil Bonar por el desarrollo de un nuevo hotel en Dorado hay un tercer protagonista que pocas veces aparece cuando se habla del pleito: las 15 cooperativas puertorriqueñas que financiaron $30 millones para el proyecto.
No es un detalle menor. Las cooperativas pertenecen a sus socios y administran el capital que estos mantienen en el sistema cooperativo. En este caso, $30 millones fueron destinados al financiamiento de un hotel cuya construcción se encuentra avanzada y que ahora enfrenta una demanda que pretende detenerlo definitivamente.
A esos $30 millones se suman otros $18.4 millones provenientes del programa federal CDBG-DR. Entre ambas fuentes, hay más de $48 millones en financiamiento vinculados al desarrollo.
No piden solamente detener la obra
DBR Dorado Owner, vinculada a los intereses de Stubbe, solicita al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón paralizar las obras de The Dawn Hotel at Dorado, impedir permanentemente el desarrollo del hotel y ordenar la demolición y remoción de aquellas estructuras que el tribunal determine fueron construidas en violación de las condiciones restrictivas que reclama.
También pide la restitución del terreno, la nulidad de la escritura mediante la cual se liberaron determinadas restricciones y que se declare que esas restricciones continúan vigentes.
Si DBR prevalece en todos los remedios solicitados, el resultado podría ir mucho más allá de detener temporalmente una construcción: podría impedir que el hotel sea terminado y provocar la demolición de parte de lo ya construido.
Eso coloca en medio de la controversia los $30 millones financiados por las cooperativas.
Una sentencia favorable a DBR no significa automáticamente que las cooperativas perderían esa cantidad. Eso dependerá de las garantías y condiciones particulares del financiamiento. Pero el proyecto para el cual prestaron ese dinero podría quedar definitivamente detenido si prosperan los remedios reclamados.
Stubbe frente a Gil Bonar
Detrás de los nombres corporativos aparecen dos figuras conocidas del desarrollo inmobiliario puertorriqueño.
Del lado demandante están los intereses de Federico Stubbe y Dorado Beach. Del otro, Gerard Gil Bonar, desarrollador detrás de The Dawn Hotel at Dorado.
DBR sostiene que antiguas condiciones restrictivas impiden el desarrollo hotelero en la finca. The Dawn disputa esa interpretación y ha colocado el tiempo transcurrido en el centro de su defensa.
Según alegaciones y declaraciones juradas presentadas por la defensa, los intereses de Stubbe conocían el proyecto desde años antes de presentar la actual demanda. Esas afirmaciones forman parte de la controversia que deberá adjudicar el tribunal.
Mientras tanto, el proyecto obtuvo permisos, consiguió financiamiento y avanzó su construcción.
Hay otro elemento en el trasfondo: mientras DBR busca impedir este desarrollo, un aviso oficial publicado este año por el DRNA identifica a la propia DBR Dorado Owner como propietaria de otro predio en Dorado donde se tramita un deslinde cuyo propósito declarado es “desarrollo hotelero”.
Dos abogados entran al pleito
Con el caso ya ante el tribunal y DBR representada por abogados, el equipo legal del demandante incorporó en septiembre, en días consecutivos, dos figuras de conocida trayectoria política.
Primero entró Ángel Cintrón García, exlegislador y figura de larga trayectoria en el PNP, identificado públicamente en 2026 como estratega político y asesor de la gobernadora Jenniffer González.
Un día después se incorporó el expresidente del Senado Charlie Rodríguez.
Rodríguez mantuvo una relación profesional previa con José Ramón Izquierdo, esposo de la jueza Begoña De Jesús Meléndez, quien atiende el caso. Durante el proceso de evaluación de Izquierdo para dirigir la Compañía de Turismo en 2017, Rodríguez fue entrevistado por la Comisión de Nombramientos y ofreció una evaluación favorable sobre él.
Documentación de la investigación de campo de aquel proceso también recoge que Rodríguez e Izquierdo compartieron oficinas entre 2013 y 2015.
Ahora Rodríguez comparece como abogado del lado demandante en el pleito que está ante la jueza De Jesús Meléndez.
El dinero que no aparece en el nombre del caso
En el expediente aparecen corporaciones, desarrolladores y abogados. Pero hay otro interés económico que no aparece en el nombre del pleito.
Quince cooperativas puertorriqueñas financiaron $30 millones para desarrollar el hotel. A ese financiamiento se suman $18.4 millones en fondos federales CDBG-DR.
Son más de $48 millones comprometidos en un proyecto que ya se encuentra avanzado y frente al cual se solicita no solamente detener la construcción, sino impedir definitivamente el hotel y demoler lo que el tribunal determine que viola las restricciones.
La batalla tiene a Stubbe y Gil Bonar como sus rostros.
Pero en medio del pleito también están $30 millones financiados por el sistema cooperativo puertorriqueño.
