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Más allá de los $79,000, documentos revelan el pleito millonario detrás del caso contra Eduardo Rico

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SAN JUAN — La noticia sobre Egidio Eduardo Rico Rozas circuló esta semana reducida a una imputación por apropiación ilegal agravada de $79,309.53.

Sin embargo, documentos judiciales examinados por Breaking News revelan que detrás del caso penal existe una controversia empresarial mucho más amplia, desarrollada durante años y que llegó a los tribunales civiles mediante una reclamación de $6.194 millones.

Las imputaciones penales surgen de dos cobros en efectivo realizados durante octubre y noviembre de 2025, uno por $27,701.15 y otro por $51,608.38, relacionados con mercancía vendida por J&MV Corp. a establecimientos de China Outlet.

Las denuncias sostienen que Rico recibió ambas cantidades como parte de gestiones de cobro para la empresa y que posteriormente no entregó el dinero.

Pero esa es solo una parte de la historia.

Documentos del Tribunal de Primera Instancia de Carolina reflejan que Rico y Mariano Alemán Rojo, presidente de J&MV Corp., mantuvieron una relación comercial desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2025.

Según la demanda presentada por Rico, durante ese periodo trabajó como vendedor y gestor de negocios para J&MV bajo acuerdos de comisiones, bonificaciones y participación en ganancias.

La demanda sostiene además que Rico estaba autorizado a recibir directamente los pagos realizados en efectivo por los clientes y posteriormente entregarlos en las oficinas de la empresa, mientras que los pagos mediante cheque o transferencia eran remitidos directamente a J&MV.

Ese elemento resulta central para entender la controversia de los $79,309.53.

Rico no plantea que nunca recibió el dinero. Su posición es que estaba autorizado a efectuar esos cobros como parte de las funciones que había realizado durante años y que la disputa surgió mientras reclamaba cantidades sustancialmente mayores que, según sostiene, J&MV no le había pagado.

La controversia llegó a un punto crítico en noviembre de 2025.

Según la demanda civil, Rico llevaba meses solicitando reuniones para discutir las cantidades que entendía se le adeudaban cuando finalmente se reunió con Alemán.

Rico sostiene que durante ese encuentro propuso aceptar $500,000 para poner fin a las reclamaciones económicas y cerrar la controversia entre ambos.

La demanda alega que Alemán abandonó la reunión sin llevarse un pago en efectivo correspondiente a una venta de China Town.

Posteriormente, Rico afirma que recibió una llamada de un agente de la Policía de Carolina informándole que Alemán había presentado una querella por alegada apropiación ilegal relacionada con un pago realizado en efectivo por ese cliente.

En diciembre de 2025, según la versión presentada por Rico ante el tribunal civil, recibió otra llamada de la Policía, esta vez desde Caguas, luego de que la querella fuera trasladada a esa región.

La secuencia expuesta en el expediente civil presenta un contexto considerablemente más amplio que el que surge de una lectura aislada de las denuncias penales.

No establece que Rico tenga razón en sus reclamaciones ni que la querella penal carezca de fundamento, asuntos que deberán ser adjudicados por los tribunales, pero sí demuestra que los $79,309.53 forman parte de una disputa comercial previa y de una reclamación económica considerablemente mayor.

Una reclamación de $6.194 milliones

Rico presentó una demanda de cobro de dinero contra J&MV Corp. y otras partes en la que reclama $6.194 millones.

La reclamación incluye aproximadamente $104,000 por diferencias en comisiones que sostiene no fueron pagadas en su totalidad y otros $90,000 en bonificaciones acumuladas durante varios años.

La partida más grande asciende a $6 millones y está relacionada con negocios realizados durante la pandemia.

Rico alega que durante 2020 consiguió un suplidor en China para la venta y distribución de mascarillas, guantes, desinfectante y otros productos cuya demanda aumentó durante la emergencia por COVID-19.

Según su versión, para ese negocio se había acordado que recibiría el 50 por ciento de las ganancias netas.

La demanda sostiene que las operaciones relacionadas con esos negocios produjeron aproximadamente $12 millones y que Rico reclama la mitad de esa cantidad.

Esas alegaciones permanecen en controversia y el tribunal no ha determinado que J&MV adeude a Rico las cantidades reclamadas.

Alemán fue desestimado personalmente, pero el caso continúa

Mariano Alemán solicitó la desestimación de la reclamación presentada en su contra en carácter personal.

Su defensa argumentó que cualquier obligación económica, de existir, correspondería a J&MV Corp. debido a que Alemán actuó como presidente de la corporación.

La jueza superior Diana Z. Pérez Pabón acogió ese planteamiento y desestimó, sin perjuicio, la demanda en cuanto a Alemán personalmente, su esposa Mariolga Del Rivero y la sociedad legal de gananciales.

El tribunal determinó, no obstante, que el caso continuara contra J&MV Corp.

Los abogados de Rico solicitaron reconsideración y argumentaron que existían acuerdos verbales y actuaciones atribuibles personalmente a Alemán.

La jueza rechazó esa reconsideración el 14 de abril de 2026 y autorizó la continuación del proceso judicial.

Por tanto, la reclamación de $6.194 millones continúa activa contra la corporación y todavía no existe una determinación final sobre las cantidades reclamadas.

Dos casos que nacen de una misma relación comercial

Mientras el caso civil sigue su curso en Carolina, el proceso penal presentado en Caguas deberá atender la controversia relacionada con los dos cobros en efectivo que totalizan $79,309.53.

La Fiscalía sostiene que Rico recibió el dinero en gestiones de cobro para J&MV y no lo entregó posteriormente.

Rico, por su parte, sostiene en el expediente civil que estaba autorizado a realizar cobros en efectivo y que el conflicto por esas cantidades surgió en medio del rompimiento de una relación comercial de años y de reclamaciones por sumas mucho mayores.

El tribunal encontró causa para arresto por las imputaciones de apropiación ilegal agravada.

El proceso penal se encuentra en una etapa inicial y esa determinación no constituye una adjudicación de culpabilidad.

Lo que reflejan los documentos judiciales es que el caso de los $79,309.53 no surgió de manera aislada.

Detrás de las imputaciones existe una relación comercial que comenzó en 2018, terminó en medio de una disputa por dinero en noviembre de 2025 y ahora mantiene abiertos dos procesos judiciales distintos, uno penal en Caguas y otro civil en Carolina por una reclamación que supera los $6 millones. El titulo ponlo sin las mayuscula solo lo necesario

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