SAN JUAN — La Asociación de Industriales de Puerto Rico se colocó formalmente del lado de LUMA Energy y solicitó al Tribunal Supremo que declare válida la extensión de su contrato, al advertir que permitirle al Gobierno desconocer un acuerdo que él mismo aprobó tendría consecuencias para la inversión, los empleos y la credibilidad contractual de Puerto Rico.
En un memorial presentado como amigo de la corte, la organización sostiene que la Carta-Extensión del 30 de noviembre de 2022 siguió los procedimientos establecidos por la Ley 29 de Alianzas Público-Privadas y las demás leyes aplicables.
Industriales concluyó que la extensión no constituyó una nueva transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, no modificó materialmente la relación contractual y no requería el voto afirmativo de los representantes del interés público en la Junta de Directores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
El documento representa un respaldo directo a la posición de LUMA en momentos en que el Gobierno, la AAPP y la AEE solicitan que el Tribunal Supremo declare ilegal y nula la extensión.
No fue un contrato nuevo
La Asociación sostiene que la Carta-Extensión mantuvo los mismos términos y condiciones previamente acordados entre las partes.
El contrato original contenía una cláusula que permitía extender su vigencia. Por esa razón, Industriales concluyó que no se estaba aprobando una nueva alianza público-privada ni modificando sustancialmente el acuerdo existente.
La organización también rechazó el argumento de que la extensión era inválida porque no estableció una fecha específica de terminación.
Según el memorial, ninguna cláusula contractual ni disposición legal requería una fecha cierta. Vincular la duración del Acuerdo Suplementario a la salida de la AEE de su proceso de quiebra bajo el Título III de PROMESA fue, a juicio de Industriales, una decisión legal, razonable y pragmática.
El Gobierno actúa contra sus propios actos
Uno de los señalamientos más contundentes del memorial está dirigido a la conducta del propio Gobierno.
Industriales recordó que la AAPP y la AEE aprobaron y firmaron la extensión con conocimiento de las circunstancias, asesoramiento jurídico especializado y después de evaluar sus consecuencias.
Ahora esas mismas entidades pretenden convencer al Tribunal Supremo de que el documento que aprobaron era ilegal desde su origen.
La organización invocó la doctrina de actos propios, principio que impide que una parte contradiga sus actuaciones anteriores cuando otra descansó razonablemente en ellas.
Ese argumento coincide con los documentos presentados recientemente por LUMA ante el Supremo. Una opinión preparada por los abogados externos de la AAPP concluyó en 2022 que bastaba una mayoría simple para aprobar la extensión. Un memorando de la propia gerencia también advirtió sobre las consecuencias económicas y operacionales de no extender el acuerdo.
La extensión fue finalmente aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones.
Josué Colón, entonces director ejecutivo de la AEE y actualmente director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, participó en la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE y manifestó para récord que se estaba actuando conforme a las leyes vigentes.
No se alega incumplimiento de LUMA
Industriales destacó que el Gobierno no intenta terminar el contrato por incumplimiento, deficiencias operacionales o violaciones a las métricas de desempeño de LUMA.
El contrato contiene indicadores de rendimiento, procedimientos de notificación, periodos para corregir deficiencias y causales específicas de terminación.
Sin embargo, el Gobierno no fundamentó su reclamación en esos mecanismos contractuales. Busca anular la extensión mediante un argumento sobre el procedimiento utilizado para aprobarla.
Para la Asociación, la distinción es fundamental. Un inversionista puede aceptar el riesgo de perder un contrato si incumple sus obligaciones, pero no puede anticipar que el Gobierno cuestione años después la validez de un acuerdo que sus propias entidades negociaron, aprobaron y firmaron.
Advertencia sobre empleos e inversión
La Asociación de Industriales representa al sector manufacturero, responsable de aproximadamente el 45 por ciento del Producto Nacional Bruto de Puerto Rico y de decenas de miles de empleos.
En su escrito, la organización advierte que una determinación contra la extensión enviaría un mensaje perjudicial a empresas, inversionistas institucionales y mercados de capital que evalúan hacer negocios en la Isla.
Según Industriales, cada señal de que Puerto Rico no respeta sus compromisos contractuales aumenta la percepción de riesgo y puede provocar que nuevas inversiones y empleos se dirijan hacia jurisdicciones con mayor estabilidad institucional.
El impacto no se limitaría al contrato de LUMA. La decisión podría afectar futuros proyectos relacionados con carreteras, puertos, aeropuertos, energía renovable, telecomunicaciones, salud y otras obras de infraestructura que dependen de alianzas público-privadas.
Riesgo para la manufactura
Industriales también advirtió sobre las consecuencias que podría tener una transición abrupta o no planificada en la operación del sistema eléctrico.
Las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos operan bajo estrictas regulaciones federales y necesitan condiciones controladas de producción.
Las interrupciones eléctricas pueden comprometer productos en proceso, obligar a destruir lotes completos, provocar desviaciones regulatorias y afectar las certificaciones de las instalaciones.
La incertidumbre también influye en las decisiones empresariales sobre expandir, mantener o relocalizar operaciones desde Puerto Rico.
Un mensaje que trasciende a LUMA
La Asociación aclaró que su comparecencia no busca defender el desempeño de un operador particular, sino proteger la seguridad jurídica y el principio de que los contratos válidamente constituidos deben respetarse.
Para Industriales, la decisión del Tribunal Supremo definirá si Puerto Rico es una jurisdicción donde las empresas pueden confiar en las representaciones gubernamentales y en la estabilidad de los acuerdos que suscriben con el Estado.
La organización pidió al Supremo que declare válida la Carta-Extensión, reafirme el respeto a los compromisos contractuales y envíe un mensaje claro a los mercados de capital y a la comunidad empresarial.
La entrada de Industriales amplía la controversia más allá del contrato de LUMA. El caso coloca ahora frente al Supremo una advertencia del principal sector productivo del país sobre las consecuencias económicas de permitir que el Gobierno desconozca un acuerdo que sus propias entidades estudiaron, aprobaron y defendieron como legal.
