La colocación de la primera piedra del nuevo Walmart Supercenter en Bayamón fue presentada este martes como una señal de inversión, crecimiento económico y creación de empleos para Puerto Rico.
El proyecto contempla una inversión de aproximadamente $65 millones, más de 265 empleos durante su etapa de construcción y entre 550 y 600 puestos una vez la tienda entre en operaciones.
Son cifras importantes.
Pero detrás de esos números queda una pregunta que hace poco más de una década Puerto Rico obligaba a contestar antes de autorizar determinados establecimientos comerciales de gran escala.
¿Cuál será el impacto del nuevo Walmart sobre los pequeños y medianos comerciantes que ya operan en Bayamón y municipios cercanos?
La pregunta cobra mayor relevancia porque la llegada de un Walmart Supercenter a este sector de Bayamón no es una idea nueva.
Hace más de una década ya existía un proyecto para desarrollar un Walmart en el área de Los Palacios. En 2014 se anunció un desarrollo comercial de más de $37 millones, con Walmart Supercenter como tienda ancla.
El proyecto continuó avanzando durante 2014 y 2015, pero finalmente no se materializó.
Ese primer intento coincidió con un momento muy distinto en la política pública de Puerto Rico hacia las grandes cadenas comerciales.
En junio de 2014 se convirtió en ley la Ley 62, conocida como la Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante.
La legislación, originada en el Proyecto de la Cámara 545, creó entre sus disposiciones el Estudio de Impacto Económico Regional.
Ese estudio buscaba algo que hoy no se exige.
Antes de autorizar determinadas operaciones comerciales de gran escala, el Gobierno debía estudiar cómo su llegada podía afectar la economía de la región donde pretendían establecerse.
No se trataba solamente de contabilizar los empleos que generaría la nueva empresa.
El análisis también debía considerar el efecto sobre los comercios existentes, la posible creación o pérdida de empleos, las ventas de establecimientos que ya operaban en la zona, los salarios, los ingresos económicos regionales y la concentración del mercado.
En otras palabras, la política pública intentaba medir el efecto neto de una gran tienda.
Para los establecimientos de mercancías mixtas, categoría en la que puede ubicarse una operación como un Supercenter, el requisito podía aplicar desde los 15,000 pies cuadrados de área de venta y almacén.
El estudio tampoco significaba automáticamente detener un proyecto.
Su propósito era identificar posibles impactos negativos y permitir que el Gobierno considerara medidas para mitigarlos antes de conceder determinadas autorizaciones.
Esa política pública desapareció.
En 2017, como parte de una reforma amplia al sistema de permisos, fue eliminado el requisito del Estudio de Impacto Económico Regional.
Eso significa que el Walmart que ahora comienza a construirse en Bayamón se desarrolla bajo reglas diferentes a las que existían durante buena parte del proceso del proyecto anterior.
Hoy conocemos la inversión que Walmart proyecta realizar.
Conocemos cuántos empleos estima crear.
Conocemos los ingresos que la construcción puede generar para el municipio.
Lo que no conocemos es el otro lado de la ecuación.
¿Cuántas ventas podrían desplazarse desde comercios existentes hacia el nuevo Supercenter?
¿Qué sectores comerciales sentirán mayor competencia?
¿Podrían perderse empleos en establecimientos que ya operan en la región?
¿Cuál será el impacto sobre pequeños supermercados, farmacias, tiendas, ferreterías y otros negocios que competirán directa o indirectamente con una operación de esta escala?
No existe evidencia para afirmar de antemano que esos comercios desaparecerán o que necesariamente perderán empleos.
Ese no es el punto.
El punto es que hoy tampoco existe un requisito que obligue a medirlo.
Durante la actividad de colocación de la primera piedra se destacó el potencial económico del proyecto y la posibilidad de que el aumento en el flujo de consumidores también beneficie negocios cercanos.
Eso puede ocurrir.
Pero sin un estudio independiente tampoco puede determinarse cuál será el balance final entre los beneficios que pueda producir la nueva inversión y el efecto competitivo sobre quienes ya operan en la zona.
Hace doce años, Puerto Rico tenía un mecanismo diseñado precisamente para responder esa pregunta.
Hoy no lo tiene.
Por eso, mientras el Gobierno celebra la llegada de una inversión de $65 millones y cientos de empleos a Bayamón, queda pendiente una pregunta igualmente importante para la economía local.
¿Quién está midiendo el impacto que tendrá el nuevo Walmart sobre el pequeño y mediano empresario puertorriqueño?
Ese impacto comenzará a conocerse cuando las puertas del Supercenter abran. Para entonces, sin embargo, la tienda ya estará construida.
