SAN JUAN — El Tribunal Supremo aceptó formalmente la intervención de la Asociación de Industriales de Puerto Rico en defensa de la extensión del contrato de LUMA Energy.
Mediante una resolución emitida el 7 de octubre, el máximo foro declaró ha lugar la solicitud de Industriales para comparecer como amigo de la corte y admitió su memorial. Esto permite que sus argumentos sobre seguridad jurídica, inversión, empleos y estabilidad del sistema eléctrico formen parte del caso.
La resolución no decide todavía si la extensión es válida, pero incorpora oficialmente al pleito la posición del principal sector productivo del país. La jueza asociada Mildred Pabón Charneco no intervino.
Industriales le solicitó al Supremo que declare válida la Carta-Extensión del 30 de noviembre de 2022. La organización sostiene que no fue un contrato nuevo ni una modificación material, sino la continuación del mismo acuerdo bajo los términos y condiciones previamente aprobados.
Según el memorial, el contrato original permitía expresamente extender su vigencia. La extensión tampoco constituía una nueva transacción de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que no necesitaba el voto afirmativo de los representantes del interés público en la Junta de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
Esa posición coincide con la opinión preparada en 2022 por los abogados externos de la propia AAPP. El análisis concluyó que bastaba una mayoría simple para aprobar la extensión.
La Junta de la AAPP votó después de recibir esa opinión jurídica y un memorando interno que advertía sobre las consecuencias económicas y operacionales de dejar vencer el acuerdo. La extensión fue aprobada con tres votos a favor y dos abstenciones.
Josué Colón, entonces director ejecutivo de la AEE y actualmente director ejecutivo de la AAPP y zar de Energía, también participó en la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE y manifestó para récord que se estaba actuando conforme a las leyes vigentes.
Ahora las mismas entidades que estudiaron, aprobaron y firmaron la extensión intentan convencer al Tribunal Supremo de que aquel acto era ilegal desde su origen.
Industriales sostiene que el Gobierno no puede actuar contra sus propios actos después de que LUMA continuó operando, contrató empleados, adquirió equipos y asumió obligaciones confiando en sus aprobaciones y representaciones oficiales.
La organización también destaca que el Gobierno no intenta terminar el acuerdo por incumplimientos, deficiencias operacionales o violaciones a las métricas de desempeño de LUMA.
El contrato contiene mecanismos para notificar incumplimientos, exigir correcciones y terminar la relación por causa. Sin embargo, la demanda no utiliza esos procedimientos. Busca anular la extensión mediante un argumento técnico sobre la manera en que fue aprobada.
Industriales advierte que un inversionista puede asumir el riesgo de perder un contrato si incumple, pero no puede prever que el Gobierno cuestione años después la legalidad de un acuerdo que sus propias entidades negociaron y firmaron.
La Asociación representa a un sector que genera aproximadamente el 45 por ciento del Producto Nacional Bruto y sostiene decenas de miles de empleos. Su comparecencia coloca ante el Supremo una advertencia directa sobre el impacto que tendría una decisión contra la extensión.
Según la organización, permitirle al Gobierno desconocer sus compromisos aumentaría la percepción de riesgo de hacer negocios en Puerto Rico y podría afectar nuevas inversiones, expansiones empresariales, financiamiento de proyectos y retención de empleos.
Industriales también alertó que una transición abrupta en la operación del sistema eléctrico perjudicaría especialmente a las farmacéuticas, las compañías biotecnológicas y los fabricantes de dispositivos médicos, que necesitan continuidad eléctrica para proteger sus productos y cumplir con regulaciones federales.
El impacto tampoco se limitaría a LUMA. La decisión podría repercutir sobre futuras alianzas para carreteras, puertos, aeropuertos, energía renovable, telecomunicaciones, hospitales y otras obras de infraestructura.
La controversia deja ahora en manos del Tribunal Supremo algo mucho más amplio que la extensión de un contrato. Ante las contradicciones del Ejecutivo y sus propias agencias, la Rama Judicial queda como el último contrapeso con capacidad para proteger la certeza jurídica, la estabilidad económica y la confianza institucional de Puerto Rico.
La decisión final establecerá cuánto valen la palabra, la firma y los compromisos oficiales del Gobierno cuando una empresa decide invertir y crear empleos en el país.
