San Juan, Puerto Rico, 8 de octubre de 2026 – La empresa Coccoloba AgroEnvironmental LLC rechazó haber presentado una propuesta o cotización al Departamento de la Familia para el Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y exigió a la secretaria de la agencia, Suzanne Roig Fuertes, que presente evidencia documental que sustente las expresiones realizadas bajo juramento ante el Senado de Puerto Rico.
Mediante una declaración escrita divulgada este jueves, la compañía contradijo la versión ofrecida por la funcionaria durante una comparecencia legislativa el pasado 7 de octubre y aseguró que su única intervención en el proceso consistió en responder una invitación recibida mediante correo electrónico el 30 de diciembre de 2025, en plena temporada navideña.
Según la empresa, la contestación fue remitida el 8 de enero de 2026 exclusivamente a la dirección electrónica de Roig Fuertes, mediante una comunicación en la que declinó participar en la solicitud de propuestas relacionada con la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).
Coccoloba sostuvo que nunca sometió una propuesta formal ni envió documentación a otras personas o direcciones electrónicas, como alegadamente expresó la secretaria durante su deposición ante el Senado.
La compañía, dedicada a la consultoría ambiental, conservación de recursos naturales, reforestación y manejo profesional de árboles, explicó que los requisitos del proceso de contratación no correspondían a los servicios que ofrece, razón por la cual decidió no participar.
En su contestación a la funcionaria, la empresa incluyó un opúsculo y un perfil corporativo para dar a conocer sus áreas de especialización ante la posibilidad de colaborar en algún proyecto futuro relacionado con sus capacidades profesionales.
Sin embargo, rechazó que el envío de esa información pudiera interpretarse como una propuesta para administrar o prestar servicios relacionados con el programa TANF.
La controversia provocó que la licenciada Nadja I. Cardona Portalatín, representante legal de Coccoloba, remitiera una comunicación formal a Roig Fuertes exigiendo copia íntegra de la supuesta propuesta, incluyendo anejos, correos electrónicos, documentos de evaluación, puntuaciones y cualquier comunicación que permita determinar quién recibió, remitió o evaluó la documentación atribuida a la empresa.
La abogada también reclamó evidencia de cualquier reenvío de la contestación original a la firma LAP Consulting, a otras direcciones electrónicas del Departamento de la Familia o a funcionarios que hubiesen intervenido en el proceso administrativo.
El requerimiento establece un término de cinco días calendario, contados desde el día siguiente al recibo de la carta, para que la agencia entregue la documentación solicitada o certifique por escrito que no existe propuesta o cotización alguna presentada por Coccoloba.
La representación legal advirtió que atribuir públicamente a la compañía una propuesta que asegura nunca haber presentado podría afectar tanto su reputación comercial como la de su propietario.
Ante ese escenario, exigió que se preserven todos los documentos, correos electrónicos, archivos adjuntos y registros digitales relacionados con el caso, al tiempo que adelantó que evalúa las alternativas legales disponibles para proteger los derechos de su representada y reclamar los daños que puedan acreditarse.
La empresa también reclamó una rectificación pública si el Departamento de la Familia no puede demostrar documentalmente la existencia de la propuesta que le atribuye.
El señalamiento coloca bajo controversia la manera en que el Departamento de la Familia recibió, clasificó y evaluó las comunicaciones de las entidades invitadas al proceso de contratación del programa TANF, particularmente si una respuesta declinando participar pudo haber sido incorporada al expediente como una propuesta formal.
Aunque Coccoloba ha hecho pública su versión y el requerimiento de su representación legal, los documentos divulgados no permiten establecer de manera independiente qué información obra en el expediente administrativo de la agencia.
La empresa insiste en que nunca participó como proponente y reclama que la secretaria Roig Fuertes identifique y produzca los documentos que sustenten sus declaraciones ante el Senado.
