SAN JUAN (CyberNews) – La presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, Jessica Martínez Santos, exigió el viernes a la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón la destitución de la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y de los jefes de sus cuatro administraciones, ante denuncias de desorganización administrativa, irregularidades en contratos y represalias contra empleados.
“En esta agencia la Secretaria tiene muchos Capitanes que están operando por cuenta propia. Esa anarquía tiene que ser investigada a fondo, especialmente todo lo que están haciendo con los contratos. Exigimos una pesquisa exhaustiva de cada contrato otorgado bajo estas administraciones y que se limpie la casa de una vez y por todas”, expresó Martínez Santos en declaraciones escritas.
La exigencia incluye a los responsables de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).
Según la dirigente sindical, los administradores de esas dependencias y el Secretariado operan sin coordinación ni mecanismos adecuados de rendición de cuentas, situación que atribuyó a una falta de supervisión por parte de la secretaria.
SPUPR también reclamó una investigación exhaustiva de los contratos otorgados durante la actual administración, ante señalamientos públicos sobre posibles favoritismos y procedimientos cuestionables en la contratación de servicios.
Otra de las exigencias consiste en devolver a sus agencias de origen a todos los empleados que permanecen en destaque, práctica que la organización vinculó con supuestos favoritismos políticos.
“Ya es hora de que se devuelvan a sus agencias de origen a todo el personal que está en destaque. Estos favoritismos políticos no ayudan a nadie: solo pagan la deuda política a costa del servicio de excelencia que el pueblo merece. No vamos a permitir que se siga utilizando el Departamento de la Familia como botín político”, sostuvo Martínez Santos.
La presidenta sindical denunció además que trabajadores del Departamento temen expresar sus preocupaciones por posibles traslados, medidas disciplinarias y situaciones de hostigamiento.
A juicio de la organización, la falta de personal, las condiciones laborales y los problemas administrativos afectan la prestación de servicios a menores, adultos mayores y familias que dependen de la agencia.
Martínez Santos sostuvo que estas situaciones han sido denunciadas durante distintas administraciones gubernamentales sin que se hayan atendido adecuadamente. También criticó lo que describió como una prioridad de actividades públicas y promoción gubernamental por encima de las necesidades operacionales del Departamento.
“El Departamento de la Familia no está funcionando. Y los menores, los adultos mayores y los trabajadores son los que están pagando las consecuencias de la ineptitud administrativa de esta Secretaria”, afirmó.
La dirigente reiteró que la unión respaldará a los empleados que denuncien posibles represalias y reclamó cambios inmediatos en la dirección del Departamento de la Familia.
