SAN JUAN — La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego solicitó autorización al Tribunal Supremo de Puerto Rico para intervenir como amiga de la corte en el pleito mediante el cual el Gobierno procura dejar sin efecto la extensión del contrato de LUMA Energy. Su propuesta consiste en preparar a la Autoridad de Energía Eléctrica para recuperar las operaciones de transmisión y distribución, pero el propio escrito reconoce que la corporación pública no está lista para asumir inmediatamente el sistema.
La entrada de la UTIER al caso le ofrece al Gobierno de Jenniffer González y a su zar de Energía, Josué Colón, un respaldo para alegar que Puerto Rico podría continuar operando la red si prevalece la demanda contra LUMA. También coloca nuevamente frente al país a una organización sindical que formó parte durante décadas de la estructura de la antigua AEE, marcada por conflictos laborales, convenios colectivos cada vez más costosos, resistencia a reformas administrativas y una cultura operacional que no logró detener el deterioro del sistema.
La UTIER no fue la única responsable de la quiebra de la Autoridad. La interferencia político-partidista, el endeudamiento, la falta de mantenimiento, las malas decisiones gerenciales y décadas de abandono también contribuyeron al colapso de la corporación pública. Sin embargo, tampoco puede presentarse al sindicato como un observador ajeno a ese proceso.
Durante décadas, la UTIER fue uno de los actores de mayor poder dentro de la AEE. Sus negociaciones colectivas determinaron salarios, beneficios, clasificaciones, antigüedad y otras condiciones laborales dentro de una corporación que acumuló más de $9,000 millones en deuda y terminó acogida a un procedimiento de quiebra en 2017. El sistema de retiro de la Autoridad también quedó sin recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, hasta el punto de requerir asistencia del Gobierno para continuar pagando las pensiones.
La Junta de Supervisión Fiscal ha sostenido que la reforma del sistema de retiro es inevitable y urgente, y ha respaldado el rechazo del convenio colectivo de la UTIER ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para modificar sus disposiciones. Esa realidad contradice la imagen de una estructura pública capaz de retomar, sin consecuencias mayores, la operación de una red eléctrica compleja y en reconstrucción.
La transformación de la AEE y la entrada de operadores privados no surgieron por casualidad ni fueron una decisión exclusiva de LUMA. La Ley 120 de 2018 estableció la política pública para transferir a operadores privados las funciones de generación, transmisión y distribución, mientras los activos permanecían en manos del pueblo de Puerto Rico. El modelo también forma parte del Plan Fiscal certificado para la AEE y ha sido respaldado por distintas administraciones.
La Junta de Supervisión Fiscal ha reiterado que la operación privada de la red y de las plantas generatrices constituye una pieza esencial de la transformación energética. También ha advertido que cualquier modificación o terminación del contrato tiene que proteger la continuidad del servicio, la modernización del sistema y el flujo de los fondos federales destinados a la reconstrucción.
Ese proceso se desarrolla mientras Puerto Rico administra miles de millones de dólares federales para levantar una red destruida por años de falta de mantenimiento, huracanes y terremotos. El modelo de alianza público-privada procuró incorporar capacidad técnica, continuidad gerencial, sistemas modernos, fiscalización regulatoria y conocimientos especializados que la antigua Autoridad no pudo sostener.
El contraste ante el Tribunal Supremo es significativo. Mientras la Asociación de Industriales de Puerto Rico compareció como amiga de la corte para defender la estabilidad contractual, la certeza jurídica y la continuidad de la transformación energética, la UTIER solicitó participar para promover una ruta que devolvería las operaciones a la misma corporación pública que terminó quebrada.
Los industriales representan uno de los principales sectores productivos del país, miles de empleos y empresas que dependen de un sistema eléctrico estable para operar, invertir y competir. Su posición es que invalidar acuerdos aprobados por el propio Gobierno puede afectar la confianza de quienes hacen negocios en Puerto Rico, comprometer el proceso de reconstrucción y crear incertidumbre sobre las alianzas público-privadas.
La UTIER representa otra visión. Su propuesta descansa en reconstruir la capacidad operacional de la AEE, conservar parte de la fuerza laboral y utilizar los mecanismos de transición contemplados en el contrato. Sin embargo, el sindicato admite que la Autoridad no se encuentra preparada para asumir inmediatamente la red y no identifica el financiamiento, la gerencia ni el calendario definitivo para hacerlo.
De un lado se encuentra el sector económico reclamando estabilidad, continuidad y certeza jurídica. Del otro aparece una organización vinculada históricamente al modelo laboral de la antigua AEE, proponiendo regresar a una estructura que todavía no tiene capacidad inmediata para operar el sistema.
Esa diferencia también deja al Gobierno en una posición reveladora. Mientras sectores productivos advierten sobre el impacto económico de desmantelar el modelo vigente sin una alternativa preparada, la administración de Jenniffer González y Josué Colón encuentra en la UTIER su principal respaldo para defender ante el Tribunal Supremo que la AEE puede volver a administrar la red.
La experiencia de los trabajadores de la UTIER puede ser valiosa y necesaria dentro de cualquier transición. Eso no significa que el sindicato pueda sustituir la capacidad gerencial, tecnológica, financiera y regulatoria requerida para operar el sistema eléctrico completo. Conocer la red no equivale a disponer de una corporación preparada para administrarla.
La propuesta presentada por la UTIER contiene admisiones importantes. El sindicato reconoce que la AEE no podría asumir las operaciones de un día para otro. Acepta que sería necesario evaluar su capacidad administrativa, las fuentes de financiamiento, las responsabilidades legales, los requisitos regulatorios y las obligaciones que asumiría durante una transición.
La UTIER plantea que ServCo, donde se encuentra parte de la fuerza laboral vinculada a las operaciones de LUMA, podría ser transferida a la AEE o a otro operador. Sin embargo, esa transferencia no es automática. Dependería de decisiones posteriores de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y de la disponibilidad de recursos para conservar la estructura operacional.
El escrito tampoco identifica un presupuesto definitivo para la transición, una fuente asegurada de financiamiento, el equipo gerencial que dirigiría las operaciones ni una fecha concreta en la cual la AEE estaría preparada para recibir la red. Lo que presenta es una posibilidad contractual acompañada de condiciones que todavía no han sido satisfechas.
La propuesta tampoco borra el historial de confrontaciones laborales que afectaron a la antigua Autoridad ni las décadas durante las cuales la estructura sindical resistió cambios dirigidos a transformar el monopolio público. La UTIER defendió los intereses de sus miembros, como corresponde a una organización obrera, pero esos intereses no siempre coincidieron con las necesidades financieras, operacionales y tecnológicas del sistema.
El Gobierno pretende ahora invalidar el contrato de LUMA sin haber presentado públicamente un operador sustituto preparado, financiado y autorizado para comenzar funciones. Su principal respaldo visible para justificar un posible regreso de las operaciones a la AEE proviene de la misma organización que participó activamente en la estructura anterior.
La controversia no consiste únicamente en escoger entre LUMA y sus críticos. Lo que está ante el país es si se puede desmantelar una operación existente, comprometer la continuidad de una reconstrucción multimillonaria y regresar a una corporación quebrada sobre la base de una transición que todavía no tiene presupuesto, gerencia ni capacidad inmediata de ejecución.
Puerto Rico no puede sustituir un operador real por una promesa. Mucho menos puede regresar, bajo el nombre de transición, a las estructuras que acompañaron el deterioro y la quiebra de la antigua Autoridad de Energía Eléctrica.
Ante un Gobierno que pretende cancelar el modelo vigente sin presentar una alternativa operacional completa, el Tribunal Supremo representa el principal contrapeso para proteger la continuidad del servicio, la recuperación de la red y la estabilidad económica y jurídica de Puerto Rico.
