EL CAPITOLIO (CyberNews) – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó el lunes tres medidas legislativas para utilizar 131.6 millones de dólares del Fondo de Reserva de Emergencia con el propósito de evitar que los consumidores paguen parte del aumento en la factura eléctrica correspondiente al trimestre de octubre a diciembre de 2026.
“Esto no es un problema, esto es una emergencia, y todos tenemos la responsabilidad de proponer soluciones, de discutir ideas y que se brinden alternativas para mejorar esta lamentable situación en la que estamos. Las emergencias se atienden con los recursos que el País tiene separados, precisamente para eso, para enfrentar emergencias”, expresó el portavoz de la delegación popular, Luis Javier Hernández Ortiz, durante una conferencia de prensa.
La propuesta surge luego de que el Negociado de Energía aprobara el 30 de septiembre un ajuste que, según los senadores, elevó la tarifa de 28.57 a 33.85 centavos por kilovatio hora, equivalente a un incremento de 18.5 por ciento.
De acuerdo con las cifras presentadas por la portavoz alterna, Marially González Huertas, un cliente residencial con consumo mensual de 800 kilovatios hora pagaría aproximadamente 42.27 dólares adicionales, para una factura de 270.86 dólares, frente a los 228.59 dólares anteriores.
En el sector comercial, la senadora indicó que el aumento mensual sería de 63.42 dólares para un pequeño negocio, de 4,851 dólares para un cliente comercial o industrial mediano y de hasta 29,108 dólares para uno grande.
El senador Josian Santiago Rivera explicó que la Resolución Conjunta 229 propone reasignar 131,650,334.94 dólares del Fondo de Reserva de Emergencia a la Autoridad de Energía Eléctrica para cubrir costos de combustible que el Negociado autorizó recuperar mediante las facturas de los consumidores.
Según detalló, entre junio y agosto de 2026 los costos de combustible alcanzaron 627.1 millones de dólares, mientras que la facturación fue de 486.4 millones. Luego de aplicar un crédito de 9 millones, quedó una diferencia aproximada de 131.6 millones de dólares.
Santiago Rivera sostuvo que el fondo contaba con 1,055 millones de dólares en abril de 2024 y estimó que su balance actual podría acercarse a 1,200 millones. La cantidad propuesta representaría aproximadamente el 11 por ciento de ese balance estimado.
Por su parte, la senadora Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 1599, dirigido a enmendar la ley del Fondo de Emergencia para permitir expresamente su utilización en la mitigación de ajustes trimestrales por combustible que encarezcan el servicio eléctrico.
La legislación mantendría como requisitos una declaración de emergencia de la gobernadora y una solicitud de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Junta de Supervisión Fiscal.
Álvarez Conde citó como precedente la autorización concedida por la Junta en agosto para utilizar recursos del fondo ante la sequía y argumentó que el servicio eléctrico también constituye una necesidad esencial.
Una tercera medida, la Resolución Concurrente 22, presentada por el expresidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, exhorta a la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón a modificar las órdenes ejecutivas relacionadas con la emergencia energética para incluir expresamente el impacto de las tarifas eléctricas.
Dalmau Santiago sostuvo que las órdenes vigentes atienden asuntos de generación y transformación energética, pero no establecen mecanismos específicos para enfrentar los aumentos en las facturas.
La delegación también advirtió sobre posibles aumentos adicionales durante el trimestre de enero a marzo de 2027. Según González Huertas, el Negociado proyecta un incremento de 2.09 centavos por kilovatio hora en el componente de combustible, equivalente a unos 82.5 millones de dólares, debido al uso adicional de diésel por unidades generatrices fuera de servicio.
Hernández Ortiz solicitó que la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista considere las tres medidas y pidió a la Junta de Supervisión Fiscal reconocer el impacto económico de las tarifas eléctricas sobre las familias y los negocios.
Las propuestas requerirían completar el trámite legislativo y cumplir con los procedimientos aplicables al uso del Fondo de Reserva de Emergencia antes de que sus recursos puedan destinarse a cubrir los costos identificados.
