El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, calificó de “improcedente” el argumento de nulidad que utiliza el Gobierno contra la extensión contractual de LUMA Energy y sostuvo que el compromiso del Partido Nuevo Progresista era procurar la cancelación por incumplimientos del contrato.
Durante una entrevista en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López, el líder senatorial distinguió entre terminar el acuerdo por violaciones a sus disposiciones y cuestionar la validez jurídica de la extensión. Su planteamiento coloca bajo escrutinio la vía seleccionada por la administración de Jenniffer González para procurar la salida del operador.
Más allá de las expresiones de Rivera Schatz, los antecedentes y argumentos del litigio plantean una controversia con posibles consecuencias para la credibilidad de Puerto Rico como destino de inversión y la confianza en los compromisos que las empresas suscriben con el Estado.
La Asociación de Industriales de Puerto Rico ha advertido sobre ese peligro ante el Tribunal Supremo. La organización sostiene que la disputa compromete la credibilidad de la isla como destino de inversión y la viabilidad de las alianzas público-privadas para desarrollar infraestructura que el Gobierno no tiene recursos suficientes para financiar.
En su planteamiento, Industriales destacó que el capital privado busca jurisdicciones donde los contratos se respeten, las reglas sean previsibles y los gobiernos honren sus compromisos. La organización vinculó esa seguridad jurídica con la capacidad de Puerto Rico para desarrollar proyectos de infraestructura y atraer inversión.
El pleito se concentra en la carta del 30 de noviembre de 2022 que extendió el periodo interino del acuerdo suplementario de LUMA. El Gobierno solicita que se declare nula por alegados defectos legales en su aprobación. Esa reclamación se diferencia de una acción fundamentada en incumplimientos operacionales para terminar la relación mediante los mecanismos contractuales.
Entre los antecedentes figura una opinión jurídica favorable preparada el 28 de noviembre de 2022 por el bufete Pietrantoni Méndez & Álvarez para la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. El análisis concluyó que la extensión no constituía una nueva transacción bajo la Ley 29 y podía aprobarse mediante el voto mayoritario de su junta de directores.
LUMA sostiene que el Estado representó como válida la extensión y actuó conforme a ella durante años, conducta que invoca para cuestionar la posición actual del Gobierno.
La Asociación de Industriales también ha planteado que las deficiencias en el desempeño del operador deben atenderse mediante los mecanismos del contrato. Además, advirtió sobre los riesgos de una transición abrupta o sin planificación para las operaciones manufactureras, sus cadenas de suministro y sus compromisos de producción.
El Gobierno, por su parte, alega que la extensión careció de las aprobaciones exigidas por ley y alteró sustancialmente las condiciones del acuerdo. Esos planteamientos están ante la consideración del Tribunal Supremo.
El señalamiento de Rivera Schatz se concentra en la diferencia entre cancelación por incumplimiento y nulidad. Las advertencias del sector industrial amplían el alcance de la controversia hacia la confianza contractual y la capacidad de Puerto Rico para atraer capital privado.
