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Cámara aprueba cancelar contrato de NF de suplido de gas y Senado prohíbe pago de incentivos a cabilderos

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EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Cámara de Representantes aprobó en la sesión ordinaria del lunes una medida que ordenaría al Gobierno de Puerto Rico cancelar el contrato con NFEnergía, filial de New Fortress Energy.

La Resolución Conjunta de la Cámara 428, radicada por el representante José Aponte Hernández, fue aprobada por descargue y con el voto unánime de los representantes presentes.

“Vamos a cancelar ya el contrato, señor presidente. Porque, mientras eso no se dé, van a seguir utilizando el control del muelle y el contrato de suplido de gas para chantajearnos y hacer lo que les dé la gana a ellos, no lo que le beneficia al pueblo de Puerto Rico”, manifestó Aponte Hernández al presentar la medida ante el pleno.

La compañía ha enfrentado cuestionamientos por la falta de continuidad en el suministro de gas natural licuado. La aprobación de la resolución en la Cámara no implica la cancelación inmediata del contrato, pues la medida debe completar el trámite legislativo correspondiente.

La Cámara de Representantes aprobó además medidas para declarar monumento histórico el Túnel Guaniquilla en Cabo Rojo, establecer un programa de financiamiento para proyectos de energía limpia en propiedades comerciales y otras instalaciones, reconocer oficialmente la Lengua de Señas Puertorriqueña y facilitar incentivos para emprendedores de la tercera edad.

También avaló legislación para agilizar permisos a las industrias creativas, crear un sistema electrónico de licencias para pescadores, reorganizar funciones administrativas del Departamento de Educación, permitir la transferencia de la certificación de Agricultor Bona Fide al cónyuge sobreviviente y reducir de seis a tres meses el periodo de espera para obtener la licencia de conducir entre jóvenes de 16 y 17 años.

Además, aprobó medidas relacionadas con las compras en tiendas militares y la designación de un complejo recreativo en Manatí.

Por su parte, el Senado aprobó legislación para establecer normas uniformes de operación y seguridad en los refugios de emergencia, permitir que policías pensionados regresen voluntariamente a labores administrativas y crear un protocolo conjunto entre la Policía y Corrección para investigar delitos en instituciones penales.

También avaló una investigación sobre el cumplimiento de la ley que promueve servicios para personas adultas con impedimentos, una asignación recurrente de $1 millón para eventos hípicos y cambios al procedimiento de sucesión intestada para atender propiedades declaradas estorbos públicos y bienes hereditarios destinados a la Universidad de Puerto Rico.

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