Los señalamientos incluyen la contratación de una abogada que recibió una autorización gubernamental y gestiones para un contrato de $120,000 a favor de la empresa representada por la pareja de la exsubsecretaria.
La Oficina de Ética Gubernamental presentó querellas administrativas contra el exsecretario de la Gobernación, Francisco J. Domenech Fernández, y la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza Marie García Rodríguez, por presuntas violaciones relacionadas con contrataciones y conflictos de intereses.
En el caso de Domenech, la agencia alega que contrató como representante legal a la licenciada Janet Parra Mercado dentro del año siguiente a su salida del Gobierno, luego de haber autorizado una contratación de la abogada mientras ocupaba el cargo.
Según la querella, el 18 de agosto de 2025 se emitió una autorización para que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado formalizara un contrato de servicios profesionales con Parra Mercado por $125,000, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026. La comunicación contenía las firmas electrónicas de Domenech y del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos.
Ética sostiene que esa autorización constituyó una acción oficial de Domenech sobre la contratación de la abogada.
El documento establece que Domenech renunció a la Secretaría de la Gobernación el 7 de agosto de 2026 y que, tres días después, trascendió la contratación de Parra Mercado para representarlo en un proceso investigativo ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Añade que una resolución del Panel, notificada el 28 de agosto, identificaba a la abogada como su representante.
La agencia plantea que esa relación contractual infringió la disposición de la Ley de Ética Gubernamental que restringe determinadas contrataciones de exservidores públicos durante el año siguiente a su salida, cuando hayan ejercido una acción oficial sobre la persona o entidad durante el año anterior.
La querella contra García señala que intervino ante el entonces secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, en gestiones que culminaron en un contrato de $120,000 para Next Wave Solutions, LLC, representada por su pareja, Luis Alberto Sánchez Andino.
Según Ética, García y Sánchez Andino compartían residencia cuando la entonces funcionaria remitió al titular del DDEC una propuesta de servicios y el número telefónico de su pareja el 9 de noviembre de 2025.
La agencia alega que García volvió a comunicarse con Negrón Reichard el 5 de diciembre mediante un mensaje de texto en el que informó que Sánchez Andino estaba en las instalaciones del departamento para firmar el contrato.
El acuerdo entre el DDEC, la Oficina de Gerencia de Permisos y Next Wave Solutions se formalizó el 16 de diciembre de 2025, con vigencia hasta el 30 de junio de 2026, para servicios de consultoría administrativa, coordinación de proyectos y eventos.
La querella también cuestiona una declaración de inhibición suscrita por García el 20 de marzo de 2026, en la que aseguró haberse mantenido totalmente al margen de cualquier proceso, discusión o autorización relacionada con la empresa o su pareja.
Ética sostiene que esa afirmación era falsa debido a las gestiones que atribuye a García durante noviembre y diciembre de 2025.
Aunque la agencia aceptó el mecanismo de inhibición en abril de 2026, le advirtió que tendría efecto prospectivo y que no cubriría actuaciones anteriores a su presentación.
Por estos hechos, Ética le imputa a García violaciones a las disposiciones que prohíben intervenir en asuntos que beneficien a una persona con quien se comparte residencia cuando exista un conflicto de intereses, así como realizar acciones que pongan en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental.
En ambas querellas, la agencia solicita las sanciones correspondientes y una sanción civil equivalente a tres veces el beneficio económico recibido, si alguno. Las alegaciones están sujetas a adjudicación en los procedimientos administrativos.
La Oficina de Ética Gubernamental presentó querellas contra Francisco Domenech e Itza García por presuntas violaciones relacionadas con contrataciones.
A Domenech le señala haber contratado como abogada a Janet Parra Mercado después de autorizar una contratación gubernamental a su favor. A García le atribuye gestiones que culminaron en un contrato de $120,000 para la empresa representada por su pareja.
Las alegaciones están pendientes de adjudicación.
